Grondona habría pactado un soborno de US$ 15 millones

El escándalo de corrupción en la FIFA llegó a la Argentina. De acuerdo a la denuncia impulsada por Estados Unidos contra 14 dirigentes del fútbol mundial, el fallecido presidente de la AFA, Julio Grondona, acordó cobrar un soborno de 15 millones de dólares por la organización de las cuatro Copas América de 2015 a 2023.

Sin dar nombres propios, el punto 249 del informe presentado por la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, señala que la empresa Datisa -de los acusados empresarios argentinos Alejandro Burzaco y Hugo y Mariano Jinkis- “acordó pagar 100 millones de dólares en sobornos a oficiales de la Conmebol a cambio del contrato para hacerse con los derechos de comecialización de las Copas Américas de 2015, 2019 y 2023, así como con la Copa América Centenario de 2016, un torneo que reunirá a equipos de todo el continente para celebrar los 100 años de la primera edición de la competición.

De los 100 millones iniciales -siempre según la denuncia-, 20 se pagaron por la firma del contrato, en 2013, y 20 millones por cada una de las cuatro ediciones del certamen. «Cada pago de 20 millones fue dividido en sobornos de esta manera: 3 millones para cada uno de los «top» oficiales de Conmebol: el presidente de la Confederación y los presidentes de las asociaciones de Brasil y Argentina; 1,5 millones de dólares a cada uno de los otros siete presidentes de las federaciones de Conmebol; y 500 mil dólares para un undécimo oficial de Conmebol», agrega el texto, siempre sin nombrar a Grondona ni a ningún otro dirigente.

En ese sentido y en el punto 121 del informe, página 53, se asegura que un alto dirigente de la FIFA y de la AFA en aquel momento, señalado como el «cómplice número 10» en los documentos de la Justicia de Estados Unidos, reclamó en 2011 a la empresa Traffic un soborno «de siete cifras» como anfitrión de la Copa América de Argentina de aquel año.

Consultados si se trataba de Grondona -presidente de la AFA desde 1979 y vice de la FIFA desde 1988 hasta su muerte-, los miembros del Departamento de Justicia norteamericano evitaron afirmarlo o negarlo: «No vamos a hacer comentarios sobre nadie que no esté incluido en el pliego de acusaciones».