Ahora tiene rango constitucional

Como sabemos los países celebran entre sí o con organizaciones internacionales Tratados y con la Santa Sede Concordatos, pero la jerarquía normativa de los mismos varía de país en país.

En Argentina, conforme el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, los tratados tienen jerarquía superior a las leyes, pero existen tratados sobre derechos humanos que adquieren jerarquía constitucional a partir de su aprobación con las mayorías necesaria en el Congreso; son en principio los enumerados en dicho artículo, esto es La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; todos ellos son complementarios de los derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución.

Para que un tratado internacional adquiera jerarquía constitucional se necesita que el Congreso luego de aprobarlos reúna el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

Esto es lo que ocurrió el pasado miércoles 19 de noviembre de 2014 cuando el Congreso dio sanción definitiva a la ley que otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.

Si bien este tratado ya era parte de la legislación argentina con rango superior a las leyes – recordemos que por Ley N° 26.378 se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo-, se incorpora ahora con el máximo rango legal.

La Convención tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Reconoce la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Esta nueva impronta marca indudablemente un progreso social importante para Argentina, ya que es la comunidad -por intermedio de sus representantes- la que acordó asignarle dicho rango a esta Convención Internacional que refiere a un colectivo social que sufrió y sufre incontadas situaciones de desigualdad y discriminación.

Debemos construir una sociedad más inclusiva, igualitaria y justa, y en este sentido, otorgarle la máxima jerarquía legal a esta norma nos encamina hacia ello.