La justicia de los reclamos no justifica un paro nacional

Tal como se preveía, el cese de actividades registrado ayer durante el cuarto paro nacional contra el gobierno de Cristina Kirchner fue muy elevado en casi todo el país debido, principalmente, a la adhesión de los principales gremios del transporte.

Sin bancos, tribunales, recolección de residuos, expendio de combustibles, ni tampoco transporte público -excepto algunos taxis-, el de ayer fue, tal vez, el paro de mayor impacto de los cuatro que ha sufrido el Gobierno. Contó, además, con la peculiaridad de que la CGT oficialista consideró «legítimo» uno de los motivos centrales de la medida de fuerza: el reclamo por el impuesto a las ganancias, que en realidad es un inconcebible impuesto al trabajo.

Por esa razón, algunas organizaciones de la central obrera aliada del oficialismo otorgaron libertad de acción a sus afiliados para participar o no, decisión que fue un apoyo encubierto a la medida de fuerza.

No caben dudas de que son legítimos y fundados los serios cuestionamientos a lo gravoso que resulta para muchos asalariados el mal llamado impuesto a las ganancias. Pero también es preciso recordar, como lo hemos hecho en esta columna editorial en oportunidad de los anteriores paros generales, que éstos nunca contribuyen a solucionar el problema que supuestamente se busca subsanar.

Como el nombre lo indica, son, precisamente, medidas de fuerza. Un grupo de dirigentes gremiales opositores, que antes fueron oficialistas, privó a la población de los medios de transporte, con los lógicos inconvenientes que eso entraña, incluido el perjuicio a los empleados, que al no haber podido concurrir a sus trabajos perdieron en algunos casos el premio de presentismo.

Fue sintomático que en la Capital Federal muchos negocios abrieran y atendieran como en una jornada normal, obligados a no perder un día de ventas. Precisamente, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) había estimado, sobre la base de paros similares realizados en otras ocasiones, que por la parálisis de la actividad, las ventas minoristas caerían un 80 por ciento en el día de ayer con un perjuicio en materia de ventas no concretadas de alrededor de 2119 millones de pesos. En cuanto a los comercios que abrieron sus puertas, la CAME estimó que sus ventas caerían un 60 por ciento.

El Gobierno calificó al paro de político y procuró restarle justificación afirmando, como hicieron los ministros de Trabajo, Carlos Tomada, y de Economía, Axel Kicillof, que sólo el diez por ciento de los trabajadores se ve alcanzado por el impuesto a las ganancias.

No se trata de cuántos son los afectados, sino del grave perjuicio que ocasiona no sólo a los trabajadores, sino también a las empresas y a la economía en su conjunto -incluidos algunos jubilados- la no actualización del piso y las escalas de este gravamen inaudito que entraña un impuesto al trabajo.

En ese sentido, hasta Hugo Yasky, secretario general de una central de trabajadores afín al Gobierno, quien se opuso al paro, consideró que las autoridades nacionales «tienen que sacarse las anteojeras y modificar las escalas», ya que «es un problema real que existe y es justo reclamar una solución». El titular de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, pese a que su gremio no adhirió a la medida de fuerza, también admitió que «es injusto» lo que pasa con ese impuesto.

En los últimos siete años la recaudación del impuesto a las ganancias sobre las personas físicas aumentó 11 veces, mientras que la recaudación general sólo lo hizo 6,5 veces.

No es aceptable la explicación que ha dado el titular del Palacio de Hacienda, en el sentido de que la presión impositiva sobre los asalariados es algo habitual «en todos los lugares del mundo». Es que no puede obviarse que en ninguno de los países donde se gravan los altos ingresos de los trabajadores existe el elevadísimo nivel de inflación que sufrimos en nuestro país.

En la Argentina, los incrementos salariales quedan licuados por el doble efecto del impuesto inflacionario, que el año último se acercó al 40 por ciento, y del impuesto al trabajo. De este modo, el poder adquisitivo de los trabajadores cae año tras año independientemente de los aumentos nominales que experimentan sus sueldos, por cuanto un porcentaje cada vez más considerable de estos incrementos salariales que se negocian en las paritarias van a parar directamente al Estado.

Como afirmamos en anteriores oportunidades, la huelga general dista de ser el mecanismo apropiado en una democracia, pero obliga al Gobierno a dejar de hacer oídos sordos a las demandas y a enmendar el rumbo, morigerando sensiblemente la fuerte presión impositiva y eliminando la enorme cuota de gasto improductivo del Estado.

Fuente: La Nación.