Legisladores exigen la suspensión de los beneficios impositivos para Iron Mountain

Diputados de diferentes fuerzas opositoras al macrismo presentaron una iniciativa para dejar sin efecto las ventajas a la compañía hasta que concluyan las investigaciones por el incendio en el depósito de Barracas.

La Legislatura porteña deberá decidir si suspende las exenciones impositivas que benefician a la multinacional de origen estadounidense Iron Moutain por participar del Distrito Tecnológico, la zona franca creada por la gestión PRO en 2008 para empresas tecnológicas. La iniciativa fue presentada por los legisladores Gabriel Fuks y Lorena Pokoik, del Frente para la Victoria; Edgardo Form, de Nuevo Encuentro y Claudio Palmeyro, del Partido Justicialista. Los cuatro le pidieron al viejo Concejo Deliberante que suspenda todas las ventajas que promueve la ley 2972, hasta que concluyan las investigaciones judiciales y administrativas que indagan las responsabilidades de la empresa en el incendio que consumió el depósito que tenía en el 1245 de la calle Azara, barrio de Barracas, donde murieron ocho bomberos y dos rescatistas de Defensa Civil el 5 de febrero de 2014. Según una pericia reciente, presentada a principios de marzo pasado, un año después de la tragedia, el fuego fue originado «intencionalmente» y «desde el interior» del depósito, según concluyeron los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y la Universidad Tecnológica Nacional. Las revelaciones periciales, provocaron un inesperado giro en la causa radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 18 a cargo del magistrado Pablo Ormaechea, e instruida por Marcela Sánchez, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 37. Originalmente el expediente estuvo caratulado como incendio y posteriormente tiene en su portada «estrago», un delito que podría cambiar al calor de los nuevos datos recogidos por los investigadores. Se trata del principal expediente que indaga el caso, pero no el único.

A partir del 9 de abril, el cuerpo legislativo comenzará a debatir los nuevos pedidos de informes que ya tienen dictamen favorable de la comisión de Desarrollo Económico, para que el Ejecutivo porteño aporte detalles y explicaciones sobre las 15 alertas de inspecciones e irregularidades que detectaron distintos organismos de control de la comuna y que no derivaron ni en clausuras ni en multas contra la empresa que, por entonces, tenía cuatro depósitos en la Capital: uno en La Boca, un segundo en Lugano, un tercero en Parque Patricios y el cuarto en Barracas, cuyas instalaciones cedieron con una velocidad inusitada. El detalle de las inspecciones que Iron Mountain pudo sortear con éxito, ya son parte de dos denuncias penales promovidas por algunos familiares de los fallecidos, mientras que la Unidad de Información Financiera, presentó la semana pasada un escrito ante la fiscal Sánchez para exigir la indagatoria de los directivos de la empresa Gustavo Roberto Álvarez, Daniel Ricardo García, Guillermo Eduardo Lockhart y Pedro Andrés Meierhold. Es el segundo movimiento judicial de la UIF sobre el papel de la empresa, el primero lo hizo el año pasado en la causa 447/2014 tramitada por el Juzgado Federal 12, a cargo de Sergio Torres. En esa causa, caratulada «Iron Mountain Argentina SA s/ averiguación de delito», la UIF pidió ser querellante contra la multinacional, cuya filial argentina es investigada por lavado de activos a partir de investigaciones que demuestran que no tiene actividad real en el país.
«Mientras se siguen investigaciones y actuaciones que atraviesan la muerte de diez servidores públicos, posible lavado de dinero, otros delitos económicos y profundas fallas administrativas en lo concerniente a la fiscalización y control, es necesario que los porteños no sean los que financien los ingentes beneficios fiscales de esta empresa», explicó a Tiempo Fuks, en referencia a los más de 5 millones de pesos que recibió Iron Mountain desde que el Distrito Tecnológico fue ampliado de La Boca y Barracas, a Parque Patricios y Boedo, una extensión que fue activamente promovida por el director Guillermo Lockhart junto al ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera; y su subsecretario de Inversiones, Carlos Pirovano, dos ex ejecutivos del Grupo Roberts y de Máxima AFJP, ambas unidades que luego pasaron a pertenecer al Banco HSBC uno de los mayores perjudicados en el incendio intencional, aunque no aparece como querellante en la investigación sobre el siniestro.

El proyecto de ley que deberá ser analizado en comisión para llegar al recinto, agrega que a esta lista de indicios, «se suma la investigación de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (PROCELAC), que trabaja en la hipótesis de la destrucción premeditada de pruebas, en cuanto el Banco HSBC –denunciado por la AFIP por lavado de dinero y evasión impositiva– informó, en el marco de la investigación del caso, que sus archivos en la materia se han perdido en el incendio de Barracas».

Dentro del pedido de indagatoria contra los directivos de Iron Mountain, la UIF reveló que en los últimos cinco años los balances de la empresa han dado «renta cero». Tal ausencia de quebrantos y de ganancias contó con un activo auspicio del gobierno porteño para evitar los números rojos. «No resulta clara la incorporación de esta empresa a los cánones de la Ley 2972, que le otorga importantes exenciones impositivas cuando resulta claro que dicha firma no es una empresa que se dedica a proyectos tecnológicos o a desarrollos industriales del tipo de investigación y desarrollo, sino que, por el contrario, su ocupación principal es el depósito y custodia de archivos», advierte el proyecto de ley, y recuerda que «esta exención impositiva está vigente sobre la totalidad de la operatoria de Iron Mountain: nos encontramos ante la paradoja de que esta empresa no paga Ingresos Brutos y otros tributos por su actividad de depósito y custodia de archivos, pero entendemos que estas funciones involucran un porcentaje significativamente mayoritario de su facturación». «

Otros casos

El proyecto presentado por los legisladores opositores para suspender los beneficios impositivos para Iron Mountain recuerda que «en los distintos países en los que opera la compañía se han producido distintos incendios que ocasionaron la pérdida total de los archivos custodiados, por lo menos en siete oportunidades, en los Estados Unidos de América, el Reino Unido, Canadá e Italia».