Alejandro Vandenbroele podría quedar hoy en libertad

El supuesto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, podría salir hoy de prisión, luego de que ayer la Cámara Federal de Mendoza resolvió otorgarle la excarcelación por la causa radicada en Uruguay. Las autoridades de ese país lo investigan por lavado de dinero y reclama su extradición.

El empresario, que lleva 26 días encarcelado en la Unidad 32 de detención de Tribunales Federales, permanecerá en esa condición hasta que el el juez instructor del caso, Walter Bento, cumpla con la resolución del tribunal de alzada. Se cree que ello ocurrirá esta mañana, cuando el magistrado reciba la notificación y la defensa efectivice el pago de la caución impuesta al acusado de $400.000 o presente la escritura de alguna propiedad de ese valor como garantía.

En su decisión, la Cámara Federal contradijo lo impuesto por Bento a partir de la apelación del abogado defensor de Vandenbroele, Germán Soria, y contó con los votos favorables de los jueces Héctor Fabián Cortés y Carlos Alfredo Parra. El que se manifestó en disidencia fue el presidente del cuerpo, Juan Antonio González Macías.

Entre los fundamentos de Cortés y Parra, se señaló que el delito por el cual Vandenbroele está imputado en Uruguay, prevé una escala penal de 20 meses a 10 años de prisión, “por lo que el mínimo establecido en la norma permitiría en principio la concesión de la excarcelación”. En similar línea, Cortés detalló que la legislación argentina “prevé el riesgo procesal como nulo para el delito de lavado de dinero”, por lo que en este país “es excarcelable”.

Entre las razones económicas para restituirle el derecho, Parra basó su voto en que las propiedades de Vandenbroele en Buenos Aires y Mendoza, e incluso su camioneta, “no están a su nombre”, por lo que “se cae el argumento relacionado con la solvencia económica que le permitiría darse a la fuga”.

Cortés añadió que desde la óptica del Código Procesal Penal, “no se advierten elementos serios que acrediten la existencia de riesgo procesal de fuga o de entorpecimiento de la investigación”. Además, consideraron que Vandenbroele está arraigado en el país en base a la consideración que hicieron de sus propiedades y de su familia, ya que tiene una hija que vive en Mendoza.

Desde la vereda opuesta, González Macías prefirió atenerse a lo estrictamente legal para no hacer lugar al pedido de excarcelación. “Hay un convenio con Uruguay que Argentina debe respetar y si no colabora con el pedido del juez de aquel país, el nuestro puede ser sancionado internacionalmente”, dijo al matutino Los Andes el magistrado.

La decisión de los camaristas se opone a los criterios evaluados por el juez Bento, quien había rechazado la excarcelación de Vandenbroele por entender que si recuperase la libertad podría «eludir el accionar de la Justicia».

Vandenbroele fue detenido el 20 de febrero pasado cuando llegaba a la casa de su ex mujer, en la localidad de Chacras de Coria, para dejarle a una de sus hijas. En ese momento, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que custodiaba a Laura Muñoz, procedió a detenerlo tras el pedido de captura internacional solicitado por la justicia de Uruguay. De allí fue trasladado a las dependencias que la PSA tiene en el Aeropuerto «Francisco Gabrielli» y luego a la U32 de los tribunales federales, en la capital medoncina.

El empresario fue la cara visible de la sociedad The Old Fund, instrumento para levantar la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica, y está procesado junto al vicepresidente Boudou por supuestos sobornos y la apropiación fraudulenta de la imprenta de papel moneda.

El juez uruguayo Néstor Valetti pidió su arresto preventivo con fines de extradición a Montevideo porque era titular de la sociedad uruguaya Dusbel SA, desde la cual, «presuntamente salió el dinero que se inyectó» en The Old Fund, dijo el juez, y añadió que «eso luego determinó la adquisición de Ciccone». El magistrado había remarcado que «el origen y movimiento de ese dinero no se justifica, prima facie, por los giros que manejó esa sociedad», por lo que se investiga «el eventual delito de lavado de activos».