El Gobierno mantiene la jubilación de las juezas en 60 años para aprobar la reforma

El Gobierno aceptó algunas modificaciones al proyecto que reduce las jubilaciones a diplomáticos y jueces para achicar el margen a los amparos que ya le preparan en la justicia y este jueves intentará aprobarlo en el recinto, con el voto de los bloques aliados.

No consiguió el respaldo de Juntos por el Cambio, que exigía una cláusula para que los jueces que inicien su trámite jubilatorio sostengan el actual régimen previsional y de esa manera se evite una ola de renuncias que vacíen los Tribunales. Sergio Massa y Máximo Kirchner hicieron las gestiones pero por la noche en la Casa Rosada les bajaron el pulgar y los conducidos por Mario Negri presentaron su propio dictamen.

Durante el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social, coordinado por el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto, su compañero Darío Martínez anunció tres cambios que surgieron de las charlas de los legisladores con los funcionarios. El principal es el que sostiene la edad jubilatoria de las mujeres en 60 años y no la eleva a 65 como al resto de los magistrados, un atajo para evitar más argumentos a las presentaciones judiciales.

Otra modificación es para que en el cálculo de la jubilación inicial se tomarán los salarios de los últimos 10 años, como señala el proyecto, pero promediando el vigente de cada categoría al momento del cese y no los que se cobraron cuando se ejercieron. El régimen actual contempla el 82% del último haber.

Cambiemos exige impedir las vacantes en la justicia para aprobar la reforma jubilatoria

También se eliminó el requisito de permanecer 20 años en la justicia para acceder a la jubilación y se anularon los artículos que permiten que los magistrados jubilados ser convocados para cubrir subrogancias. Fue un reclamo de Leopoldo Moreau, porque consideraba que podía ser motivo de un planteo judicial.

El resto del proyecto se mantiene sin variantes: los jueces y diplomáticos aportarán 7 puntos más de sus salarios a Anses para percibir un haber inicial menor y sostener el 82 móvil al menos hasta que el Congreso revea la conveniencia de seguir con regímenes especiales, que Moroni y Vanoli consideraron que con un déficit previsional tan elevado son difíciles de justificar.

Los retoques los había anunciado el ministro Trabajo Claudio Moroni, que expuso en el plenario con el secretario de seguridad social Luis Bulit Goñi y al titular de la Anses Alejandro Vanoli.

Moroni rechazó una tercera modificación propuesta por los sindicatos de judiciales, la UEJN de Julio Piumato y la Sitraju de la diputada Vanesa Siley: sostener todos los cargos ya incluidos en el régimen especial del 82% móvil.

Ocurre que el anexo del artículo 1 dejó afuera algunas jerarquías con firmas como jefes de despacho y prosecretarios, que pasarían al régimen general de jubilaciones. «Creo que se solucionaría con una caja compensatoria», propuso el ministro de Trabajo. El planteo lo había tomado José Luis Ramón, jefe del bloque de 8 diputados de Unidad Federal para el Desarrollo, quien no firmó el dictamen por haber sido ninguneado.

Sí lo hizo en disidencia su par Diego Sartori, de Misiones, como también el cordobés Paulo Cassinerio, uno de los 11 diputados del bloque federal presidido por Eduardo «Bali» Bucca e integrado por referentes de Roberto Lavagna y Juan Schiaretti. Al oficialismo le faltan 10 votos para la mayoría propia por lo que los necesita para prevalecer. Y no tendrá a Siley para votar el artículo inicial. «Vamos a llegar muy justos, pero llegamos», confiaban los conducidos por Máximo Kirchner.

Cambiemos esperó hasta la noche para firmar pero cuando supo que no tendría la cláusula transitoria que pedía presentó su propio dictamen de minoría. «Quieren provocar la renuncia masiva de jueces y fiscales, la cual podría alcanzar a casi la mitad del Poder Judicial, paralizando causas y habilitando la discrecionalidad para nominar a dedo a los jueces que deben investigar la corrupción kirchnerista», comunicaron por la noche.

Prevén una lluvia de amparos contra el recorte a las jubilaciones de los jueces Otra modificación,

La cláusula la había pedido el macrista Luis Tonelli en el plenario y Bulit Goñi respondió que el mensaje del proyecto ya garantiza el derecho a sostener los beneficios actuales a los mayores de 60. «Cuando un ciudadano en vigencia de una ley cumple todos los requisitos para adquirir esa prestación, queda incorporada a su patrimonio. Aclarar lo obvio no nos parece ni conveniente ni prudente».

Pero el radical Luis Pastori sostuvo que no está tan preciso y sugirió que la insistencia en no hacer una aclaración textual alimenta sospechas sobre una intención de abrir vacantes en la justicia y cubrirlas con los propios. «No es la intención del Ejecutivo generar un éxodo masivo de jueces», respondió el funcionario.

En Cambiemos hablan de 230 jueces en condiciones de jubilarse de los cuales la mayoría habría iniciado los trámites para no perder los beneficios y de una cantidad similar que pronto podrán pedir el retiro.

En su exposición, el presidente del Consejo de la Magistratura Alberto Lugones confirmó que con las vacancias actuales más de la mitad de los juzgados federales están vacíos. El fiscal Raúl Pleé dijo que en el Ministerio Público hay 335 caretos y 115 están vacantes.

El plan de Alberto Fernández es sancionar la ley este viernes en el Senado, donde ya está convocada la constitución de la Comisión de Trabajo y Previsión Social para las 10.30, con la esperanza de incluir el proyecto en la sesión de la tarde.

Necesitan dos tercios de los presentes para habilitarlo y sólo es posible con la ayuda de Juntos por el Cambio, por lo que si había acuerdo con la cláusula exigida no hubiera habido problemas. Ahora dependerán de la buena voluntad de los jefes Luis Naidenoff (UCR) y Humberto Schiavoni (PRO) y si no la tienen la ley recién podría sancionarse en una semana.

En su presentación en Diputados, los funcionarios insistieron en que el sistema previsional está en déficit, los magistrados y diplomáticos tienen las jubilaciones más altas pero aún así son deficitarios hacia adentro y el año pasado necesitaron 11 mil millones de pesos para cubrir sus haberes.

Vanoli recordó que Anses representa el mayor gasto del Estado, hay 5.484 magistrados jubilados que cobran en promedio 293.107 pesos y 706 diplomáticos que perciben 335.934 pesos. Y como los magistrados en actividad no pagan ganancias, el fisco se pierde 421.000.000 mensuales.

«El 7% de los beneficiarios del régimen general gana más de tres jubilaciones mínimas, mientras que el 62% del total de los beneficiarios de regímenes especiales está en tres mínimas», informó. Recordaron que el sistema impositivo argentino tiene su foco en el consumo y por lo tanto los ciudadanos de menores recursos subsidian las jubilaciones más altas del país.

«En 2016 se dio un punto de inflexión por el déficit del sistema previsional, paralelo a una caída de los aportes y contribuciones. Entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019 la caída del valor en dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue del 34,3%», expuso.

Los diplomáticos no tuvieron defensa entre los legisladores. Fueron representados por Marta Insausti de Aguirre, presidente de la Asociación de Personal de Servicio Exterior de la Nación (Apsen), quien advirtió sobre un posible falta de representantes argentinos en el mundo, porque además de aportar más y ganar menos por jubilarse, los que asuman serán transferidos al régimen general y cobrarán como un jubilado más.

«Puede ser que cuando empiece un diplomático no piense en la jubilación, pero después de 10 años, con capacitación e idiomas lo piensa y tal vez y abandone la carrera», alertó.