La Plata estrena hoy el sistema acusatorio federal, con los fiscales al frente de las investigaciones penales

Este lunes entró en vigencia en La Plata el nuevo Código Procesal Penal Federal, que instaura el sistema acusatorio en reemplazo del modelo inquisitivo vigente hasta ahora. Con el cambio, la investigación de las causas penales queda a cargo de los fiscales, mientras que los jueces pasan a cumplir un rol de garantes de los derechos de las partes, sin intervenir en la pesquisa. La Plata se convirtió así en la undécima jurisdicción del país en adoptar el sistema acusatorio federal, junto con Lomas de Zamora, Quilmes, Junín y Pehuajó, un esquema que en conjunto alcanza a La Plata, Berisso, Ensenada y otros 26 municipios de la región.

Qué cambia con el sistema acusatorio federal en La Plata

Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, en las jurisdicciones donde el nuevo sistema ya está en marcha la tasa de resolución de causas alcanza el 82%, contra el 43% que se registraba bajo el modelo anterior. La reforma fija además un plazo máximo de 60 días para evitar la paralización de los expedientes. Para la puesta en marcha se acondicionaron ocho salas de audiencia y se entregó equipamiento a los juzgados federales de la región: 50 computadoras al de Quilmes y 35 al de Lomas de Zamora.

La estructura judicial quedó organizada en una Unidad Fiscal La Plata y una Unidad Fiscal Lomas de Zamora, con tres sedes fiscales descentralizadas en Quilmes, Junín y Pehuajó, y un total de 33 auxiliares fiscales —20 que ya se desempeñaban en los juzgados y 13 incorporados para la reforma—. La coordinación del esquema quedó a cargo del fiscal Diego Alejo Iglesias, mientras que Hernán Israel Schapiro se desempeñará como fiscal revisor.

La implementación ubica a La Plata por delante del cronograma previsto para otros distritos de peso: la Ciudad de Buenos Aires recién adoptará el sistema acusatorio federal el 15 de febrero de 2027, y Córdoba lo hará el 8 de marzo del año que viene. El cambio llega, además, en un contexto de fuertes recortes presupuestarios en distintas áreas del Estado nacional, lo que le suma valor político a una reforma judicial que, al menos en el papel, promete agilizar un sistema hasta ahora asociado a la lentitud y la sobrecarga de causas.