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La Justicia frenó los aumentos de tarifas de Edelap y el resto de las distribuidoras bonaerenses

Un juez de Bahía Blanca suspendió la suba escalonada que regía desde agosto por falta de audiencias públicas y ordenó devolver lo cobrado de más a los usuarios de La Plata y la Provincia.

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Trabajadores de la empresa realizando tareas de mantenimiento en un poste de electricidad

La Justicia frenó el aumento de tarifas de Edelap que la empresa venía aplicando en La Plata desde el 1° de agosto, en una resolución que alcanza también al resto de las distribuidoras eléctricas del grupo DESA en la provincia de Buenos Aires: EDEA, EDEN y EDES. El fallo, dictado por un juzgado de Bahía Blanca, suspende los incrementos escalonados de entre 1,5% y 3,5% mensual que habían sido autorizados por la Provincia y ordena recalcular lo ya cobrado.

Según el fallo, el aumento de tarifas de Edelap y el de las otras distribuidoras se había dispuesto sin las audiencias públicas que exige la normativa vigente. El juez fue contundente en sus fundamentos: «el paso de diez años sin instancias de participación vulnera el derecho constitucional de los usuarios a recibir una información adecuada y veraz», sostuvo, en referencia a que hace una década que no se convocan esas instancias de consulta antes de fijar los cuadros tarifarios.

Qué pasa con lo que ya se pagó de más

La resolución judicial también alcanza a las facturas ya emitidas con el cuadro cuestionado. «Los importes cobrados de más deberán ser recalculados e imputados como un crédito a favor del cliente en la próxima facturación», establece el fallo, que además dispone que «las compañías deberán suspender ese cuadro y abstenerse de emitir facturas con los nuevos ajustes hasta que se resuelva la cuestión de fondo». Para un usuario residencial sin subsidio en La Plata, la factura iba a pasar de $54.800 a $56.700 con el esquema ahora frenado por la Justicia.

La medida representa un alivio directo para miles de hogares platenses en un contexto de fuerte presión inflacionaria sobre los servicios públicos, y reabre el debate sobre la falta de participación ciudadana en la fijación de tarifas que rige desde hace una década en la Provincia.

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