Tras la tentativa de homicidio de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, la Corte Suprema miró para otro lado. Ni siquiera sacó un comunicado afirmando la gravedad institucional que implica atentar contra una vicepresidenta, dos veces presidenta y líder de una corriente política de enorme peso en el país. Seis meses después, la justicia sigue tratando el caso como si hubiera sido una pelea en la esquina y no un hecho político de enorme envergadura. Fue un punto neurálgico del discurso de apertura de sesiones del Congreso del presidente Alberto Fernández.

No es torpeza I

No se requerían gestos ampulosos, pero sí algunos movimientos elementales: reforzar el juzgado de María Eugenia Capuchetti dotándolo de más personal para que se priorice la investigación del ataque; exceptuar a la jueza de los turnos que le correspondían, para que se concentre en la causa; poner a disposición peritos y especialistas para que no suceda, por ejemplo, lo que sucedió: se perdió el contenido de la principal prueba del expediente, el celular de quien apretó el gatillo, Fernando Sabag Montiel.

Transcurrido medio año desde aquel 1 de septiembre, recién ahora se van a peritar los celulares de dos secretarias del diputado Gerardo Milman. Una declaró que compró un celular nuevo y la otra contó que borró todo. Parece una burla.

En seis meses no se pudo averiguar si el improvisado carpintero de Revolución Federal, Jonathan Morel, recibió 13 millones de pesos de la familia Caputo a cambio de algo o de nada. O sea, si amigos de Mauricio Macri y de Juntos por el Cambio financiaban a un grupo que, de cada diez palabras que emitían, cinco eran “hay que matar a Cristina”.

Por supuesto que también la Procuración, alineada con la oposición, miró para otro lado. En las causas contra Cristina, como en Vialidad, dispuso la intervención de dos fiscales y un equipo enorme. En la tentativa de asesinato de la vicepresidente, un único fiscal, que también se mueve como si fuera un expediente más. Sólo la intervención de los dos abogados de Cristina, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, mueve el amperímetro, aunque más que mover la investigación, lo que deja expuesto es la inacción de todo el aparato judicial.

En su discurso, el Presidente lo formuló así: “vuelvo a exigir a la justicia que profundice la investigación, que juzgue y condene a los autores materiales e intelectuales. Le pido a la justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados”.

El Presidente sabe que no hay torpeza, hay voluntad política de cerrar el caso cuanto antes, como una especie de travesura de tres locos, marginales, Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. Mientras tanto, cierran las causas de los chats, eso en los que quedan pegados funcionarios, jueces, fiscales y empresarios.

No es torpeza II

La Corte Suprema pidió el expediente de la obra pública de Santa Cruz un día antes de empezar el juicio en el que Cristina fue condenada. Debía intervenir por cuestiones elementales. En primer lugar, la causa no tenía ninguna pericia, es decir que se acusaba a 12 imputados por administración fraudulenta, en especial sobreprecios, sin que existiera ningún estudio en el que se fijaran los sobreprecios y el supuesto perjuicio para el estado. En segundo lugar, porque los dos jueces de Casación que intervinieron, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, visitaban a Macri a escondidas. Por último, 50 de las 51 obras ya habían sido motivo de causas en Santa Cruz.

Cuando los medios alineados con Juntos por el Cambio pusieron el grito en el cielo, la Corte Suprema de inmediato devolvió el expediente y el máximo tribunal no emitió opinión por más de tres años. ¿Cuándo resolvió algo? Pocos días antes de que se dictara el fallo en Vialidad, la Corte rechazó todos los planteos con un argumento procesal: fue un gesto de los cortesanos para dejar en claro que apoyaban una condena.