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Lago Escondido: en qué quedó la investigación por la venta de las tierras al multimillonario Joe Lewis

volanta

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4 años ago

26 de diciembre de 2019

La investigación penal sobre supuestos delitos cometidos en la venta de las tierras a orillas del Lago Escondido al multimillonario británico Joe Lewis quedó en la nada por el paso del tiempo. La Justicia sobreseyó a seis imputados y declaró extinguida la acción penal por prescripción.
Entre los sobreseídos está el hijo de Lewis, Charles Lewis.

El primer fallo dictado al respecto fue del juez federal Rodolfo Canicoba Corral y ahora la Cámara Federal porteña lo confirmó. La decisión del magistrado de primera instancia fue apelada por el fiscal federal Gerardo Pollicita y por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez.

Ambos intentaron lograr que la causa por la venta de esos terrenos en la zona de seguridad de fronteras siga abierta, para lo cual argumentaron que uno de los imputados tuvo un cargo público entre el 2000 y el 2007, algo que podría cortar la prescripción.

La causa se abrió el 6 de noviembre de 2012 por una denuncia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que aludió a la presunta «irregularidad que rodeó la autorización emitida por la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad para la adquisición y posterior inscripción en el registro público de la propiedad inmueble de la Provincia de Río Negro de un aproximado de 11.000 hectáreas de tierras ubicadas en la «zona de seguridad de fronteras», en favor de una persona jurídica extranjera -«Hidden Lake S.A.»- en clara infracción a las disposiciones del Decreto-Ley 15385/44″, resumió la Cámara Federal al analizar el caso. La acusación fue por presuntas «negociaciones incompatibles con la función pública».

La norma citada «creó en todo el suelo nacional, con la finalidad de complementar las previsiones territoriales de la Defensa Nacional, zonas de seguridad que comprenden una faja a lo largo de la frontera terrestre y marítima. Dado su valor estratégico, se declaró la conveniencia de que las tierras allí ubicadas pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos y se encomendó a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad el ejercicio del poder de policía a los efectos de controlar la radicación, transmisión de dominio, arrendamiento, o cualquier forma de derechos reales o personales, que afecten los terrenos sujetos a ese régimen especial».

Esto está dispuesto en los artículos 1, 2, 4 y 5 del Decreto-Ley 15385/44, y 42 de la Ley 23.554 de Defensa Nacional.

Otro decreto, el 32530/48, otorgó «precisiones jurídicas acerca de los requisitos concretos que se debían tener en cuenta antes de habilitar la constitución de derechos reales o personales sobre las tierras comprometidas».

En la denuncia por Lago Escondido, se sostuvo que en junio de 1996, la firma «HR Properties Buenos Aires SA», pidió autorización previa para la compra de los terrenos y manifestó con carácter de declaración jurada, que la firma «estaba constituida por capitales argentinos, situación que no sería tal al menos al momento de los hechos».

El 2 de julio de ese mismo año la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, «omitiendo cotejar la autenticidad de lo afirmado por el particular interesado, otorgó la conformidad previa para la compra de 7789 hectáreas ubicadas en la ‘zona de seguridad de fronteras’ en beneficio de una entidad privada que supuestamente estaba gobernada por personas físicas argentinas», agregó la denuncia.

«Finalmente, y en virtud del «plano definitivo» que adjuntó la escribana que intervino en la operación, «la correspondiente escritura de compraventa se efectuó en agosto de 1996 por un total de 8063 hectáreas linderas al Lago Escondido, pero a nombre de la firma ‘Hidden Lake S.A.’ y así se inscribió en el Registro de la Propiedad Inmueble de Rio Negro», por entonces a cargo de uno de los hasta ahora imputados, concluyeron los denunciantes.

Esto ocurrió «no obstante haber sido otra la sociedad que había superado el control de la Comisión tras afirmar su origen nacional. Se destaca en este punto que en el mes de mayo de 1996 -un mes antes de que se iniciara el referido procedimiento de aprobación-, la firma ‘H.R. Properties Buenos Aires S.A.’ había modificado su denominación social y alterado la composición de su capital social, que a partir de ese momento pasó a conformarse por 11.999 acciones de la firma extranjera ‘Lago Corp.’ y 1 acción del ciudadano británico» Charles Lewis, recordó la Cámara.

Cuando uno de los imputados inició el trámite de aprobación, «lo hizo no sólo en apoyo de una sociedad cuyo nombre ya no coincidía con la denominación verdadera de la entidad beneficiada, sino que también lo hizo disimulando que la operación en realidad no tenía como beneficiaria a una empresa argentina, sino que redundaba en el provecho de una sociedad gobernada por personas físicas y jurídicas extranjeras.

Ya en el mes de septiembre de 1996 el ciudadano británico formuló, en representación de los intereses de «Hidden Lake S.A.», dos autorizaciones adicionales ante la Comisión investigada para la aprobación de la adquisición de 2760 hectáreas más en la misma zona de seguridad de fronteras, lo que finalmente ocurrió en diciembre de 1996″, agregó la denuncia.

«En suma, la postura exteriorizada por el titular de la acción penal pública desde el comienzo de la pesquisa se orientó a demostrar que el éxito de la maniobra denunciada, en la medida en que ostentaba una serie de irregularidades notorias, sólo podía ser explicada a través de la existencia de un plan concertado entre los controlantes de la sociedad beneficiada y los funcionarios públicos que intervinieron en el trámite controvertido, con la finalidad de esquivar el alcance de las normas que regulaban aquel tipo de transacciones», resumió la Cámara.

En la investigación se llegó a citar a declaración indagatoria en el 2015 a ex funcionarios de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, de la Unidad de Proyectos de Radicación, del Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro y a la escribana actuante.

Todos plantearon la prescripción de la acción penal por el paso del tiempo, porque la pena máxima para el delito es de seis años.

Los fiscales intentaron mantener abierta la causa en base a que uno de los imputados habría ocupado un cargo público y a que la escribana que habría participado en los hechos permaneció «ininterrumpidamente en su cargo al menos hasta el año 2018».

«Un escribano público debe ser considerado funcionario público cuando desempeña actividades o funciones en nombre del Estado o a su servicio, siendo esa la entidad que debía otorgársele a la nombrada por su intervención en las transmisiones cuestionadas, en virtud del deber específico que le imponía el artículo 2° del Decreto 32530/48 al escriturar transferencias de inmuebles dentro de las zonas de seguridad», sostuvieron.

La escribana interactuó con la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad y por ello «actuó para el Estado pues en su calidad de fedataria acompañó la información que constituía la base de la formación de la voluntad estatal para resolver el caso» agregaron los impulsores de la investigación.

En 2016, el caso se declaró prescripto por primera vez, pero la Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrirlo y pidió nuevas pruebas.

Canicoba Corral profundizó la investigación en los términos trazados por los jueces de Casación y concluyó que las funciones de uno de los imputados como docente en escuelas públicas de Rio Negro y síndico de una empresa del Estado, no podían considerarse como las de un funcionario público de una jerarquía tal que pudiera derivar en intentos por obstruir la pesquisa. Esto hubiese justificado interrumpir la prescripción como pedían los fiscales.

Los camaristas Lepoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens confirmaron la decisión del juez. «Como punto de partida cabe sostenerse que el fundamento de la existencia de esta causal de suspensión, y su vigencia mientras alguno de los imputados se encuentre desempeñando un cargo público, radica en la posibilidad de que dicha función pueda ser utilizada para influenciar u obstaculizar la investigación», argumentaron en su fallo.

«Puede afirmarse razonablemente entonces que no cualquier sujeto que desempeñe un cargo público podrá ser considerado funcionario a los fines de la causal en debate», sin aquel que por su posición «pueda perturbar el ejercicio de la acción».

Sobre el debate vinculado a si la escribana que intervino lo hizo como funcionaria pública, los camaristas concluyeron que «la respuesta se adivina negativa».

«La habilitación que a través de los colegios respectivos otorga el Estado para que aquéllos puedan desempeñarse profesionalmente no implica que ejecute sus acciones en su nombre o a su servicio. En definitiva, la actividad de los notarios es privada», resolvieron.

«No corresponde aseverar que un escribano es un funcionario público, razón por la cual, no se haya comprendido en las causales de suspensión de la prescripción», concluyó el fallo en el que, por segunda vez, se cerró la investigación. Si es apelada, la decisión podría ser revertida en la Cámara Federal de Casación.

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Una multitudinaria marcha en el primer 24 de Marzo de un gobierno negacionista

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1 mes ago

25 de marzo de 2024

Redacción

Una multitud se congregó este domingo en la Plaza de Mayo para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 48 años del golpe, en un 24 de marzo inédito con un gobierno nacional que –por primera vez en democracia- enarbola posturas negacionistas y rechaza la cifra de 30 mil desaparecidos.

Con epicentro en Plaza de Mayo –pero con réplicas en distintos puntos del país- la marcha fue convocada por organismos de derechos humanos, junto a agrupaciones políticas, sociales, estudiantiles y gremiales, en el marco de una convocatoria a la que se sumaron reclamos y protestas por las políticas de ajuste económico que aplica el gobierno de Javier Milei.

En forma simultánea al inicio de la marcha, el Gobierno difundió –en tono desafiante- un spot con su “versión” de los años 70, en la que cuestiona la cifra de los 30 mil desaparecidos, reclama “memoria, verdad y justicia completa” y acusa a los organismos de derechos humanos de haber montado un “gran negocio”.

Según los organismos de DDHH, la de hoy fue una de las marchas más multitudinarias desde el regreso de la democracia, con la presencia de decenas de Madres y Abuelas ya ancianas, desde sus sillas de ruedas o con bastones, y con una importante participación de jóvenes y familias completas.

A pesar de varios intentos, no se logró un acto unificado entre los distintos organismos, con lo cual finalmente se hicieron dos actividades por separado como en años anteriores.

El primer de ellos, convocado por 13 organismos de derechos humanos -entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS Capital y el CELS, entre otros- que fue acompañada con la participación activa de la CGT y las dos CTA.

Entre las agrupaciones políticas marcharon referentes de las distintas vertientes del peronismo, como Axel Kicillof y Máximo Kirchner; y del radicalismo, cuyo presidente Martín Lousteau encabezó una columna de organizaciones radicales.

Para Kicillof, la de hoy es “una de las marchas más importantes desde la vuelta de la democracia porque hay cosas que creíamos que estaban resueltas hoy se vuelven a discutir” y remarcó la necesidad de “dejar en claro: memoria, verdad y Justicia y son 30.000”.

Con la consigna “30 mil razones para defender la patria, nunca más miseria planificada”, los organismos marcharon desde el mediodía desde la intersección de la avenida de Mayo y Piedras hacia la Plaza, donde desde las 15 se leyó un documento.

“Las constantes provocaciones de Milei y Villarruel niegan todos los pactos internacionales con rango constitucional”, advirtió la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en la primera parte del mensaje, en el que se pidió por la sanción de una ley antinegacionista.

Las constantes provocaciones de Milei y Villarruel niegan todos los pactos internacionales con rango constitucional“.

ESTELA DE CARLOTTO.

La titular de Abuelas agregó luego: “Los principales civiles del terrorismo de Estado continúan en su mayoría impunes: son el poder económico y empresarial del genocidio. Exigimos juicio y castigo ya”.

En el texto, Carlotto cuestionó también una de las últimas medidas adoptadas por el gobierno para combatir el narcotráfico en Rosario: “La participación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos pone en riesgo los DDHH de todos”, dijo la titular de Abuelas.

Luego, le siguió el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien rechazó “el negacionismo y la apología del terrorismo de Estado” que respalda el Gobierno.

“El gobierno ejecuta de manera acelerada el plan de ajuste más despiadado de estos 40 años, que es una reedición de la miseria planificada por Martínez de Hoz”, advirtió el dirigente de derechos humanos.

En tanto, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), junto a organizaciones políticas de izquierda, movimientos sociales y estudiantiles concentró a las 14 en Avenida de Mayo y 9 de Ju lio y leyó su propio documento en Plaza de Mayo alrededor de las 17.

Entre las principales consignas anunciadas a través de un comunicado por el EMVJ se encuentran “Son 30 mil, fue y es genocidio, basta de impunidad”, piden por “el juicio y castigo a todos los genocidas en cárcel común” a lo que suman reclamos coyunturales como el pedido de “un paro y plan de lucha a las centrales sindicales”, el rechazo al pago de la deuda con el FMI y el repudio al “plan reaccionario, de ajuste, entrega y represión de Milei y los gobernadores”, entre otros.

Por su parte, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo concentró desde las 11 en la Casa de las Madres, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1584, en el centro porteño, desde donde se realizó un acto bajo la consigna “La patria no se vende, la vida no se entrega, el pueblo se subleva”.

Previamente, la organización La Cámpora realizó una multitudinaria concentración desde las 9 desde la exEsma en avenida del Libertador y Manzanares, en una habitual caravana que recorrió a pie los 13 kilómetros de distancia que la separan con la Plaza de Mayo, con la consigna “Porque otrxs caminaron antes, caminamos para que otrxs caminen”.

Por otro lado, este domingo es el primer Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en 40 años de democracia que los medios públicos no estarán presentes oficialmente con sus coberturas en el lugar de los hechos..

“Que la Agencia Nacional de Noticias Télam y la TV Pública estén ausentes el 24 de marzo, es un hecho sin precedentes en los 40 años de democracia. Es una catástrofe, da cuenta del negacionismo y la censura de este gobierno, que desprecia la libertad de expresión”, señaló el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Agustín Lecchi.

SOMOS TÉLAM

ENTREVISTAS

Del Frade: «El narcotráfico en Rosario es multinacional y paraestatal»

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1 mes ago

18 de marzo de 2024

Redacción

El periodista y diputado provincial por el Frente Social y Popular en la Provincia de Santa Fe dialogó con Vivian Elem, Jorge Benedetti y Rodolfo Colangelo en Radio Gráfica, sobre la alarmante situación que se vive en Rosario, «en Rosario se tiene que hacer un diagnóstico real de lo que está pasando, porque el gran negocio que es multinacional y paraestatal del narcotráfico tiene eslabones superiores e inferiores en la cadena de comercialización, como cualquier gran negocio multinacional.»

«El drama nuestro es que tenemos 47 bandas narcopoliciales barriales que se disputan el territorio por abajo y eso ha generado el asesinato de gente inocente en los últimos días, como lo describen ellos. Porque hubo cambios en la rigurosidad de la condición de detenciones en las distintas cárceles cercanas a Rosario, pero eso es por abajo y tiene que ver con un problema político, que es eliminar los sitios de corrupción de la policía que genera zonas liberadas, en donde después se asientan esos gobiernos defacto que producen esas bandas narcopoliciales».

Y agregó, «esa sobreexageración que se está teniendo sobre este hecho ha producido, a una semana del aniversario del 24 de marzo, que muchos gobernadores y por supuesto el presidente de la nación a la cabeza, pidan la derogación de la prohibición de la ley de seguridad interior para que las fuerzas armadas vuelvan a las calles argentinas, lo cual sería un retroceso fenomenal, pero cumpliendo taxativamente lo que exige la doctrina de seguridad continental de los Estados Unidos, que es meter a los ejércitos en cuestiones internas, mientras ellos se quedan con las grandes riquezas, por ejemplo, con el dominio del Río Paraná, tal como anunció la Administración General de Puertos la semana pasada.»

«Es muy fuerte lo que está pasando, porque no tiene que ver solamente con lo que está pasando en Rosario, sino lo que va sufrir la democracia en toda la Argentina, en caso de admitir que las fuerzas armadas vuelvan en temas de seguridad interna», finalizó.

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Dolores: la Fiesta de la Guitarra 2024 salió un 63% menos que el año anterior

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2 meses ago

13 de marzo de 2024

Redacción

Una vez más, la gestión municipal encabezada por el Intendente Juan Pablo García dio a conocer detalles del gasto para la realización de un evento público. En esta caso, la 30 edición de la Fiesta Nacional de la Guitarra.

El ejecutivo comunicó que se logró un ahorro del 63% respecto al año anterior, haciendo el cálculo por inflación con los valores que la gestión saliente declaró sobre lo hecho en 2023.

En total, en la edición 2024 de la FNG se gastaron 257 millones de pesos, mientras que en la anterior el gasto (actualizado por inflación) fue de 600 millones de pesos.

«Demostramos que se puede hacer un evento de esta magnitud de otra manera, sin despilfarrar los recursos públicos ni hacer contrataciones innecesarias. Cuidamos el dinero de los dolorenses porque entendemos el contexto difícil que vivimos y que hoy las prioridades son otras», manifestó el jefe comunal. «A pesar de la situación económica, la Fiesta se hizo y fue un éxito», agregó Juan Pablo García.

«La técnica y el sonido, el escenario, las pantallas, el streaming y la televización estuvieron a cargo de profesionales de calidad y todo se hizo al nivel de Festivales como Jesús María. Trabajamos con austeridad pero con creatividad y profesionalismo», detalló.

El Intendente García destacó para finalizar que «la Fiesta tuvo 50 artistas en escena, más de 30 mil personas que concurrieron, y el desfile y la jineteada fueron los más convocantes de los últimos años».

Cabe destacar que cualquier interesado en informarse de cada gasto que se efectuó, puede acercarse a la municipalidad.

30° edición de nuestra Fiesta Nacional de la Guitarra: volvimos a las raíces de la Fiesta. En datos:

50 artistas en escena y más de 30 mil personas en 8 noches.
12 concertistas de guitarra honrando la memoria de Abel Fleury.
600 metros de Feria de artesanos, emprendedores, gastronómicos y entretenimiento en el Paseo de la Guitarra.
Un inolvidable desfile con más de 500 jinetes.
Jineteada histórica en el Fortín Dolores, la mayor convocatoria de los últimos años.

Más de 1700 personas disfrutaron hoy del Parque Termal Dolores

Aprovechando el fin de semana y el desarrollo de la 30 edición de la Fiesta Nacional de la Guitarra, visitaron el Parque Termal Dolores más de mil setecientas personas de distintos lugares de la provincia.

Además de los dolorenses que se acercaron a disfrutar las 5 piletas del predio, llegaron personas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Ensenada, Berisso, Tandil, Quilmes, Mar del Plata, Merlo, Moreno, Morón, San Justo, Ezeiza, José C. Paz, San Miguel, Moreno e Ituzaingó.