INTERÉS
Dato que preocupa: el 35% de las mujeres del mundo sufrió violencia de sus parejas
volanta
La violencia contra la mujer -especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual- constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres.
Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de una de cada tres -35%- mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.
Es importante destacar que la mayoría de estos casos son de violencia infligida por la pareja, aunque también se dan este tipo de situaciones en la vía pública, en el trabajo o dentro de la familia. En todo el mundo, casi un tercio -30%- de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia en algún momento de su vida. Además, las estimaciones de prevalencia de la violencia de pareja oscilan entre el 23,2% en los países de ingresos altos y el 24,6% en la región del Pacífico, al 37% en la región del Mediterráneo y el 37,7% en la región de Asia.
En relación a los femicidios, el 38% de los que se cometen en el mundo son perpetrados por la pareja. Además de la violencia de pareja, el 7% de las mujeres refieren haber sufrido agresiones sexuales por personas distintas de su pareja, si bien los datos a ese respecto son más escasos. Los actos de violencia de pareja y violencia sexual son cometidos en su mayoría por hombres contra mujeres.
Además, la violencia puede afectar negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres y, en algunos entornos, puede aumentar el riesgo de contraer el VIH.
Siempre es importante tener presente que las desigualdades entre hombres y mujeres y la aceptación de la violencia contra la mujer son la causa principal de la violencia ejercida contra estas.
La violencia de pareja (física, sexual y emocional) y la violencia sexual son graves en sí mismas, pero también ocasionan severos problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva a corto y largo plazo a las mujeres. Además, puede afectar a sus hijos, si es que los tienen, y provocar efectos adversos también para ellos.
La primera consecuencia de la violencia son las lesiones -el 42% de las mujeres víctimas de violencia de pareja refieren alguna lesión a consecuencia de dicha violencia-.
Los embarazos no deseados, seguidos de abortos provocados, problemas ginecológicos, e infecciones de transmisión sexual, también pueden aparecer a causa de la violencia sexual contra las mujeres. El análisis de la OMS revela que aquellas que han sufrido maltratos físicos o abusos sexuales a manos de su pareja tienen una probabilidad 1,5 veces mayor de padecer infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por VIH en algunas regiones, en comparación con las mujeres que no habían sufrido violencia de pareja. Por otra parte, también tienen el doble de probabilidades de sufrir abortos.
Otro de los problemas relacionados es la violencia en la pareja durante el embarazo, que a su vez aumenta la probabilidad de aborto involuntario, muerte fetal, parto prematuro y bebés con bajo peso al nacer. El mismo estudio puso de manifiesto que la probabilidad de sufrir un aborto espontáneo entre las mujeres objeto de violencia de pareja es un 16% mayor y la de tener un parto prematuro un 41% mayor.
La depresión, el estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad, insomnio, trastornos alimentarios e intento de suicidio, también pueden aparecer luego de episodios de violencia. Según la OMS, las mujeres que han sufrido violencia de pareja tienen casi el doble de probabilidades de padecer depresión y problemas con la bebida.
Por último, la violencia sexual, sobre todo en la infancia, también puede incrementar el consumo de tabaco, alcohol y drogas, así como las prácticas sexuales de riesgo en fases posteriores de la vida. Asimismo se asocia a la comisión -en el hombre- y el padecimiento -en la mujer- de actos de violencia.
En relación a los niños que crecen en familias en las que hay violencia es necesario aclarar que pueden sufrir diversos trastornos conductuales y emocionales. A su vez, estos trastornos pueden asociarse también a la comisión o el padecimiento de actos de violencia en fases posteriores de su vida.
La OMS asegura que cada vez hay más estudios bien concebidos sobre la eficacia de los programas de prevención y respuesta. Así, afirma que se necesitan más recursos que refuercen la prevención y la respuesta frente a la violencia de pareja y la violencia sexual, en particular en el ámbito de la prevención primaria, a fin de impedir que llegue a producirse.
Existen datos procedentes de los países de ingresos altos que indican que las intervenciones de sensibilización y la prestación de orientación psicológica para mejorar el acceso a los servicios dirigidos a las víctimas de violencia de pareja han sido eficaces a la hora de reducir dicha violencia.
Además, para propiciar cambios duraderos, es importante que se promulguen y se apliquen leyes, y se formulen y ejecuten políticas que promuevan la igualdad de género. Poner fin a la discriminación de la mujer que persiste en las leyes relativas al matrimonio, el divorcio y la custodia y finalizar la discriminación que persiste en las leyes sobre sucesiones y propiedad de activos, son dos de la estrategias que propone la OMS. Mejorar la situación de empleo de las mujeres, de modo que ellas puedan mantenerse de manera independiente, también es otra forma de reducir los índices de violencia.
DÓLAR HOY
INSTANTÁNEAS
C5N y el límite de la palabra: Despido, presiones y el peso del «Acuerdo Isaac»
Tras años de ser los ojos de Argentina en los Estados Unidos, la periodista Silvina Sterin Pensel fue desvinculada de C5N. La noticia no tardó en escalar: lo que se presenta como una «reestructuración» es interpretado por gran parte del arco periodístico como una respuesta a presiones directas de la DAIA y sectores del Gobierno Nacional, debido a sus posturas y análisis críticos respecto al conflicto en Medio Oriente y la política exterior, tildandola de Antisemita o mas bien de antisionista.
Una voz que descifró el poder
Sterin Pensel no es una improvisada; su cobertura de la política en Washington y Nueva York ha sido fundamental para entender la transición hacia la era Trump. Sin embargo, en sus últimas intervenciones, la periodista se adentró en un terreno pantanoso: la vinculación entre el retorno de Donald Trump y la implementación del Acuerdo Isaac (fortalecer la cooperación entre Israel y países de América Latina)
El factor Isaac: Geopolítica de tandem
Según los análisis que venía trazando Sterin Pensel, la estrategia de Trump para América no es un fenómeno aislado de «proteccionismo», sino que juega en tándem con el Acuerdo Isaac. Este pacto representa un eje de cooperación estratégica, militar y tecnológica mucho más profundo de lo que se admite oficialmente, y constituye la verdadera arquitectura del poder que busca consolidar el control sobre recursos y seguridad en el continente.
Defensa de la libertad de expresión
Más allá de las coincidencias o discrepancias con sus análisis, el desplazamiento de una profesional de su talla bajo sospecha de presiones políticas es un golpe a la libertad de prensa. El periodismo internacional requiere de voces que puedan mirar más allá de la superficie y cuestionar los acuerdos que redefinen nuestra soberanía.
Conclusión:
Cuando se silencia a una corresponsal por exponer los hilos invisibles del poder y la tragedia humanitaria en Gaza, la democracia pierde calidad. La libertad de expresión es la única garantía de que la información no se convierta en un guion escrito por el poder de turno. Sin voces como la de Sterin Pensel, nos quedamos a ciegas frente al mundo.
INSTANTÁNEAS
⚓ Intervención en el Puerto de Ushuaia: Sospechas ante el silencio
El Gobierno Nacional, a través de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), ha tomado una decisión drástica: la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por 12 meses. La medida, firmada por Iñaki Miguel Arreseygor, desplaza a la administración provincial de Tierra del Fuego alegando «irregularidades financieras» y un deterioro crítico en la infraestructura de los muelles.
Los pilares de la resolución:
Control Centralizado: La Nación asume la gestión operativa y técnica, argumentando que la provincia solo destinó un 1,3% de sus recursos a obras de mantenimiento, desviando fondos hacia otras arcas estatales.
Seguridad en duda: El decreto cita sistemas contra incendios obsoletos y fallas estructurales detectadas en inspecciones de 2025 como razones de «fuerza mayor» para la intervención inmediata.
Continuidad operativa: Pese a la suspensión formal de la habilitación provincial, el puerto seguirá operando bajo control federal para no afectar la temporada récord de cruceros (más de 500 recaladas previstas).
Un vacío de información que genera sospechas:
Lo más llamativo de esta medida no es solo su ejecución sorpresiva —escoltada por Prefectura en la madrugada— sino la escasa comunicación oficial detallada. Más allá de los tecnicismos del Boletín Oficial, el Gobierno Nacional no ha brindado una conferencia aclaratoria ni ha presentado un plan de inversiones concreto para la terminal.
Interrogantes abiertos:
¿Por qué intervenir un puerto que, según la provincia, registra niveles récord de actividad y eficiencia operativa?
¿Cuál es el destino final de la gestión una vez cumplido el año de intervención?
La falta de claridad del Ejecutivo Nacional alimenta un clima de incertidumbre estratégica en la conexión antártica, dejando espacio para interpretaciones sobre si estamos ante una normalización técnica o un avance político sobre un activo clave de la soberanía austral.
INSTANTÁNEAS
Chubut bajo fuego: La desidia estatal a flor de piel
El relato del «control» chocó contra la realidad. Tras más de 30 días de crisis, los incendios en Chubut se reactivaron con furia en zonas como El Hoyo, forzando nuevas evacuaciones y exponiendo una verdad incómoda: el fuego nunca estuvo dominado. La gestión, tanto provincial como nacional, ha mostrado una ausencia parcial y espasmódica que dejó al territorio librado a su suerte.
Puntos críticos del abandono:
* Relato vs. Territorio: Mientras los despachos oficiales hablaban de focos contenidos, los brigadistas denunciaban que los puntos calientes seguían activos por falta de personal y recursos técnicos.
* Ajuste en la emergencia: La demora en el envío de aviones hidrantes y el recorte en el mantenimiento de cortafuegos convirtieron una contingencia manejable en un desastre fuera de escala.
* Meteorología como única estrategia: Ante la impotencia operativa, el plan de contingencia estatal parece reducirse a «esperar la lluvia». La seguridad de las familias hoy depende más del azar climático que de una política de manejo del fuego.
Conclusión:
Chubut no sufre un desastre natural imprevisto, sino las consecuencias de un Estado que solo reacciona ante el impacto mediático. El fuego expone las grietas de una gestión que, en su afán de cerrar cuentas, termina dejando que el patrimonio natural y la vida de los pobladores se conviertan en ceniza.
INSTANTÁNEAS
Freno judicial al «ajuste por decreto»: Ultimátum al Gobierno por la Ley de Discapacidad
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, rompió la inercia del Ejecutivo con un fallo que marca un precedente peligroso para el relato oficial. Dio un plazo de 5 días hábiles para que el Gobierno acredite avances reales en la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793), bajo amenaza de multas diarias a los ministros Manuel Adorni y Sandra Pettovello. El fallo exige plena vigencia para el 4 de febrero, invalidando el Decreto 681/2025 con el que el Presidente pretendió «suspender» una ley que el Congreso ya había ratificado tras rechazar su veto.
Los ejes del conflicto:
La pirueta jurídica: El Gobierno suspendió la aplicación alegando falta de «financiamiento específico», una movida calificada como inconstitucional por ignorar la autoridad legislativa en nombre del equilibrio fiscal.
El sector al límite: Con aranceles congelados y deudas millonarias, prestadores y 6 millones de personas con discapacidad quedaron en el limbo. La Justicia determinó que la apelación oficial no suspende la obligación de pagar y garantizar tratamientos.
Sanciones penales: Si el 4 de febrero no hay ejecución plena, el conflicto saltará de lo administrativo a lo penal por desobediencia judicial.
Conclusión:
Este fallo expone la fragilidad de un modelo que intenta gobernar por decreto sobre materias ya legisladas. Es probable que el Gobierno ensaye una nueva maniobra dilatoria, pero el «déficit cero» acaba de chocar contra el muro de la Constitución. El interrogante es estructural: ¿Puede el Ejecutivo sostener su plan financiero ignorando leyes que el Congreso le impuso por mayoría absoluta?
El Excel de Caputo empieza a sangrar por el lado de la justicia social.
«No hay más tiempo, el sector de discapacidad no puede esperar más. La ley fue votada, el veto fue rechazado y ahora la justicia le da cinco días al gobierno para que demuestre que la está cumpliendo. Necesitamos la reglamentación ya porque los prestadores no cobran y las… pic.twitter.com/YPOihuSTGw
— Infonews (@infonews) January 20, 2026
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