Cualquiera sea el sistema económico que se elija para vivir, en tanto exista un Estado: capitalismo, comunismo, social democracia u otro, no existen dudas que manejar austeramente, con diversos matices, los gastos del sector público es casi un objetivo ampliamente compartido.
Es difícil no estar de acuerdo con algunas ideas alrededor de estos problemas. Un inteligente control del gasto público, un adecuado equilibrio de las cuentas públicas y por extensión un déficit fiscal cercano a cero, una apropiada asignación de los recursos estatales hace a una economía sana, contribuye al ahorro público y, aunque no está demostrado, a un mayor control de la inflación. Por otra parte, es indudable que un apropiado manejo de las cuentas públicas permite generar y ejecutar debidamente Presupuestos Nacionales más equilibrados. Entendemos que el Presupuesto Nacional (PN) es una de la Leyes más importantes que se dicta cada año en especial si se comprende que el PN es el punto de convergencia de la Economía con la Política.

Esto implica decir que aquellos objetivos políticos que no cuentan con los recursos económicos y financieros apropiados no constituyen verdaderamente objetivos del gobierno de turno por más que se los declame.

Hasta aquí puede resultar sorprendente mi coincidencia. Alguien quien proviene de un pensamiento de la izquierda revolucionaria concordando con ideas propugnadas por el pensamiento capitalista ultra liberal. Sin embargo nos distinguen profundas y quizás irreconciliables diferencias. Los liberales coinciden entre ellos en la necesidad de controlar y reducir los gastos del Estado, y en función de alcanzar este objetivo su única, lamentable y obsesiva idea se reduce a realizar fuertes recortes de personal, producir masivos despidos de empleados públicos y reducir los salarios de los mismos. Quiero aquí hacer un pequeño paréntesis: he trabajado tanto en el sector privado como en el público. En el primero siempre mi labor se limitó a contribuir con mi trabajo a que la empresa optimizara sus ganancias, siendo mi labor rutinaria, sencilla y limitada, en tanto en el sector público la tarea como profesional tuvo siempre que atender múltiples objetivos, responder a un amplio espectro de demandas y contando que un gama infinita de información siempre necesaria para tomar decisiones. El CEO de la más grande de las Empresas no tiene ni el diez por ciento de las responsabilidades y tareas diarias que enfrenta un Ministro de la Nación que cumpla con su función.

Esta propuesta de despedir o castigar las condiciones de trabajo de los empleados del Estado tiene varios objetivos: enriquecer el ejército de reserva que presionará los salarios privados hacia la baja, castigar y someter a la marginalidad y por lo tanto a dominación a un importante segmento de la población, atacar y debilitar las bases de lucha de uno de los sectores más combativos de nuestra sociedad y por supuesto a partir de la disminución del gasto a contar con cuentas fiscales más “racionales” evitando la inflación. Ningún economista me ha podido demostrar matemáticamente esto último en un pizarrón.

Mi visión es absolutamente diferente. El gasto en salarios del Estado en Argentina representa, según el Banco Interamericano de Desarrollo el 12 % del PBI y mientras que los, en gran parte injustificados subsidios del Estado, a diversos sectores representan según diversas fuentes alrededor del 6 % del PBI. (Fuente: BID).

Según otros estudios los subsidios representan el 60% del gasto público.

Este 6 % supera al actual déficit fiscal y beneficia a sectores muy diversos que abarcan Asociaciones sin Fines de Lucro, Fundaciones mucha de ellas de dudoso origen y propósitos, la iglesia católica, el 74 % de los Colegios Privados, Varias Universidades privadas, distintos gobiernos municipales, subsidios a grandes, medianas y pequeñas empresas, sin contar naturalmente los planes sociales y los más escandalosos los subsidios a la energía y al transporte. Respecto a los dedicados a la energía y a efectos de realizar un solo comentario, los subsidios no tienen ninguna correspondencia con los costos de generación, transporte y distribución de la energía que se desconocen como tampoco se saben si los actuales costos al usuario no han alcanzado, con sus descomunales incrementos, niveles de tarifas de equilibrio incluyendo tasas de ganancias razonables. El monto de los subsidios se otorga de acuerdo a las demandas de las empresas prestadoras de servicios sin ninguna justificación económica, social o técnica. El caso del transporte público urbano de pasajeros es aún más escandaloso. Las empresas prestatarias de servicios reciben no uno sino varios subsidios: SISTAU, Gas Oil, Otros. El verdadero negocio para los empresarios más que vender pasajes es cobrar el subsidio por coche que reciben. Esto explica porque muchas empresas cuentan con una flota tan numerosa u porqué tienen muchos vehículos parados. Al respecto tomar en consideración que los costos operativos de un Empresa de transporte se miden por los costos/kilómetros recorridos. Con colectivos parados no hay costos y se reciben subsidios.

Entendemos que salvo muy contadas y honrosas excepciones la mayor parte de los subsidios están destinados a subsidiar al capital. Es decir a sectores que por su génesis, naturaleza e ideología no deberían sobrevivir de los beneficios del Estado que tanto critican. Les encanta pavonearse mostrándose como líderes de las virtudes del sector privado mientras denos tan al Estado. Sus más conspicuos representantes pasan la gorra en las oficinas estatales durante el día mientras lo critican y hacen alarde de sus éxitos por la noche con total descaro en los medios masivos.

Mi propuesta es, si hay que reducir el gasto público terminar con la gran mayoría de los subsidios. Al respecto quisiera saber si el elenco estable de los economistas que recorren canales y radios todos los días pontificando con de su pobre ideario acerca de los gastos del Estado, son capaces de discutir públicamente estas propuestas.

Luis A. Yanes.
Profesor Titular de Análisis Espacial.
Departamento de Geografía. UBA.