A diez años de la sanción de la Ley de Educación Nacional, por Néstor José Ribet

Durante el próximo mes de diciembre se cumplirán 10 años de la sanción de la Ley de Educación Nacional, lapso de tiempo suficiente para reconocer y reivindicar en su contenido y posterior aplicación las bases fundamentales para la construcción del sistema educativo nacional. Estamos en condiciones de comprobar cuánto hemos avanzado y cómo la actual conducción educativa pone en serio riesgo la vigencia de sus principios centrales. A ellos, precisamente, quiero referirme.

La Ley define a la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado. Es el Estado quien tiene la responsabilidad principal e indelegable en materia educativa de sostener el derecho de todos los habitantes al acceso a la información y al conocimiento. Es al Estado Nacional a quien la Ley asigna el deber de fijar la política educativa, controlar su cumplimiento y consolidar la unión nacional, respetando las peculiaridades provinciales y locales.

No es posible alcanzar una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la Nación si, al mismo tiempo, la acción política no garantiza principios básicos como la igualdad, la gratuidad y la equidad necesarios para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. También demanda la activa participación de las organizaciones sociales y de la familia. Entre ellas, y de manera especial, los gremios docentes, el ámbito universitario y académico y las asociaciones representativas de la educación privada.

A esta Ley de Educación Nacional N° 26.206 se llega a través de un camino precedido por otras normas que contienen la Ley de Garantía del Salario Docente (2003), la de Creación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (2004), la de Educación Técnico Profesional (2005) y la Ley de Financiamiento Educativo (2005).

La historia de la educación argentina reconoce dos antecedentes que transformaron profundamente nuestra educación: en el siglo XIX, la sanción de la Ley 1420 de Educación Primaria, Pública y Gratuita; y en el siglo XX, las políticas que permitieron la extensión de la educación secundaria, como la creación de las escuelas fábrica y la formación profesional, la de la Universidad Obrera, hoy Universidad Tecnológica Nacional, y la gratuidad de la educación superior universitaria, durante las presidencias del General Juan D. Perón.

Resulta oportuno destacar algunos datos sensibles de la realidad en esta materia a lo largo de la década:

• La matrícula de la educación inicial creció un 30%.
• La tasa neta de escolaridad del nivel primario es la más alta de Latinoamérica mientras que la tasa de abandono es la más baja.
• La matrícula de la educación secundaria creció un 15%, mejoró la promoción efectiva y el egreso, se redujo la repitencia, el abandono y la sobredad.
• La educación superior no universitaria ha crecido de manera sensible en servicios y en matrícula, contando con el aporte del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) y del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
• Creación de nuevas Universidades Nacionales que amplían las posibilidades de acceder a la educación superior a sectores de la sociedad que son primera generación de estudiantes universitarios.
• Entrega de millones de libros, de equipamiento de laboratorios y de netbooks a través del Plan Conectar Igualdad.
• El presupuesto del Ministerio de Educación de la Nación en infraestructura creció 3.400% lo que permitió la construcción de 2.000 edificios escolares nuevos, quedando otros 1.000 en proceso de ejecución.
• Programas especiales con Plan FinEs para finalización de estudios y el Programa Encuentro de Alfabetización.
• Incremento de la participación de la educación en el PBI hasta pasar el 6% anual.

Cabe destacar la jerarquización de la tarea docente mediante la constitución de la Paritaria Nacional y la recuperación del poder adquisitivo del salario. Por otra parte, la consolidación de la escuela como ámbito de la vida en democracia.

Vemos con preocupación cómo el actual gobierno, entre otras cosas, subejecuta las Partidas del Presupuesto Nacional destinadas a Educación y destruye el andamiaje de implementación de la ley que se montara durante estos últimos 10 años. Por ejemplo, la reducción del Plan Nacional de Formación Docente “Nuestra Escuela” a su mínima expresión, de la entrega de netbooks y libros, de las inversiones en infraestructura escolar.

Esto no es “construir sobre lo construido”, como se prometiera en la campaña electoral y en los primeros tiempos del gobierno actual. Peligra hoy la unidad del sistema educativo nacional y la educación inclusiva y de calidad para todos los argentinos. Es necesario escuchar a los docentes, alumnos y padres de familia, quienes reclaman por la vigencia plena de la Ley 26.206 y los avances que la misma favoreció.

Las decisiones políticas instrumentadas por esta gestión se contradicen con el objetivo señalado por el ministerio nacional: “todo niño, no importa en qué lugar de Argentina nazca, tendrá una educación de calidad”. ¿Será este gobierno en materia de educación tan inconsistente como cuando afirma que se logrará la pobreza cero y la recuperación del empleo y la industria nacional?

*El autor es ex- Subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires