El doble juego de Macri con los gobernadores de la oposición

Por José Scioli

Los gobernadores de la oposición están siendo conducidos por el gobierno nacional hacia una encerrona económica y política de difícil salida.

Forzados por la necesidad de construir la “mejor relación posible” con el poder central, cada provincia negocia con el gobierno de Cambiemos, condicionada por la fragilidad de sus cuentas públicas, en muchos casos sometidas a la amenaza de un estrangulamiento financiero que, al menos incrementa la conflictividad social y dificulta la gobernabilidad en sus propios territorios.

La postura del gobierno nacional ante esta realidad está muy lejos de ser la que proclama el relato oficial, que ubica al Presidente Mauricio Macri como el artífice del reencuentro entre los argentinos, de la superación de la “grieta” y del inicio de un ciclo signado por el diálogo franco y la armonización de intereses contrapuestos, llámese campo-industria, trabajadores-empresarios, centro portuario-interior del país, por mencionar solo algunos.

Los hechos están demostrando que a diferencia de lo que proclama la retórica oficial, desde el primer día de gobierno el Presidente Macri puso en marcha una política inspirada en el interés de una minoría, que en vez de unir, promueve la postergación de amplios sectores populares y de regiones profundas del interior del país; Que al contrario de la eficaz promesa de campaña del “candidato Mauricio”, la grieta ideológica y política en vez de cerrarse se hace cada día más profunda y que si es verdad que con Cambiemos se abrió un nuevo ciclo, no es menos cierto que éste no está acompañado por la apertura de un diálogo franco sino más bien por el ejercicio la imposición y la tozudez, como quedó demostrado con el manejo del tarifazo.

En ese contexto, y dicho esto con toda humildad, los gobernadores de la oposición deberían reflexionar seriamente sobre lo que se les viene. Porque la “cara dialoguista y política”, representada por el Ministro Rogelio Frigerio, no alcanza a compensar la cadena de hechos consumados que, objetivamente, van minando las bases sobre la que se asienta el poder de negociación de la gran mayoría de las provincias ante el gobierno nacional.

Esa cadena de hechos es inherente a la propia orientación de la política económica, cuyo rumbo va en dirección contraria al anunciado objetivo del desarrollo y la integración nacional. Resultó ser que una vez sentado en el sillón presidencial el “Mauricio desarrollista” se transformó en el “Macri neoliberal”,portador de una visión no solo reaccionaria desde el punto de vista social sino completamente anacrónica para el mundo en que vivimos.

En vez de corregir los déficit del modelo kirchnerista, asociados a la insuficiencia de la inversión para responder armoniosamente a la creciente demanda interna que era sostenida acertadamente como política de estado; el macrismo eligió un camino que en los hechos significa no solo no resolver el problema de la inversión productiva sino al mismo tiempo revertir lo que, sin lugar a dudas, debió haberse preservado.

Así, se va imponiendo una tendencia hacia el progresivo debilitamiento del mercado interno, la caída del salario real, el aumento del desempleo, la reversión de los impulsos industrializadores que permitieron restaurar parte del tejido social destruido por el colapso del 2001, y la conformación de un escenario adverso para las Pymes, el pequeño comercio y las propias economías regionales.

Todos estos factores, combinados con la alta inflación y el aumento del déficit fiscal, producido por la propia caída de los ingresos de la coparticipación que resultan de la contracción de la actividad económica, del consumo y del empleo, están erosionado de un modo significativo las economías provinciales, agudizando las urgencias que obligan a los gobernadores a “ir al pie” del poder central. Como se sabe, la respuesta que reciben las conduce a “resolver” sus problemas financieros tomando deuda en dólares en el exterior a tasas insostenibles en el mediano o largo plazo.

Dicho de otro modo, hay en marcha un círculo vicioso que conduce a los gobernadores a una situación crecientemente desfavorable, contrapuesta con el mensaje de respeto al nuevo federalismo que dice ejercitar el gobierno de Cambiemos. Y no sólo eso: en lo político el gobierno de Macri parecería jugar un doble juego, cuyo objetivo no es otro que condicionar a los jefes provinciales hasta el punto de someternos a los designios de su propio proyecto de poder con vistas a las elecciones legislativas del 2017.

Mientras, por un lado, se firmó el acuerdo para la devolución “progresiva y escalonada” del 15% de la coparticipación que se les había retenido a las provincias en años anteriores; por el otro, la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, presentó dos demandas contra el estado nacional y acudió a la Corte Suprema para reclamar fondos de coparticipación que no le fueron girados a la provincia entre el 2010 y el 1015.

¿Alguien puede pensar seriamente que la iniciativa de Vidal –una verdadera espada de Damocles que amenaza al resto de las provincias- no fue acordada con el propio Presidente Macri?

Las cosas están claras y, aunque sea difícil de forjar en lo político, la oposición debería unirse en una estrategia que permita ponerle un límite a las políticas del gobierno nacional para evitar quedar atrapados en una encerrona de imprevisibles consecuencias.