El agua y el Banco Mundial como prestamista para consignas privatistas. Por Santiago Blanco

Desde los años 80, el problema del agua está en las agendas de desarrollo y, aún así, hoy en el mundo 1.100 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 2.600 millones no disponen de sistemas de saneamiento, hecho que causa el 80% de las enfermedades y la muerte de 2,2 millones de personas cada año, la mayoría niños y niñas menores de 5 años.

Mujeres y niñas a menudo emplean más de 5 horas diarias recorriendo entre 10 y 15 km para recoger agua, con los lógicos efectos sobre su escolarización. Y en cada trayecto transportan entre 20 y 15 litros de agua, muy por debajo de los 50 litros por persona y día que se considera una dotación mínimamente razonable. En definitiva, la falta de estos servicios básicos, agua y saneamiento, influyen decisivamente en otros procesos directamente relacionados con el desarrollo de las personas y las comunidades. Pero aunque Naciones Unidas (NNUU) reconoce el derecho humano al agua como un factor indispensable para vivir dignamente y como una condición previa para la realización de otros derechos, y pese a que los gobiernos se comprometieron a reducir la falta de acceso al agua y al saneamiento con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), actualmente no solo no hay progresos significativos, sino que el problema se agrava por la falta de voluntad política y, entre otros, por el proceso de mercantilización del agua.

En todos estos años se ha dado a conocer un amplio proceso de privatización que han impulsado las principales Instituciones Financieras Internacionales (IFI) como receta para llegar a cumplir los ODM y como, después de más de 15 años de instauración de estas políticas, hoy estamos muy lejos de cumplirlos. En un primer bloque, se dimensionará la crisis del agua, y a continuación, en un segundo bloque, se analizará el proceso de mercantilización del agua impulsado por los poderes imperantes y los organismos multilaterales, como receta para la solución de esta crisis. El tercer bloque se focaliza en la privatización de la gestión del agua en Sudamérica, detallando el rol de las multinacionales, y el cuarto bloque ejemplifica todo lo anterior, con el estudio de caso del papel que han jugado las multinacionales españolas en el Cono Sur. Finalmente, en el quinto y último bloque se recogen las conclusiones del trabajo.

Nunca tan peligrosamente vigente en el escenario actual y los diarios de hoy, el Banco Mundial presta dinero con consignas privatistas. El BM, principal agente financiador para la mayoría de países empobrecidos, tampoco se queda atrás, y el año 2002, por ejemplo, condicionó más del 80% de sus créditos en el sector del agua a alguna forma de privatización9. O el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que en el periodo 1993-2005, condicionó el 66% de sus créditos en el sector agua a la promoción de la participación privada. Y esto por no hablar de los constantes esfuerzos que realiza la OMC para que el abastecimiento de agua se contemple como un servicio comercializable dentro del Acuerdo General de Comercio y Servicios, donde los intereses de las multinacionales quedan formal y efectiva-mente por encima de los intereses de los estados11.
Ante todo esto, y en contraposición con esta consideración del agua como un bien económico, numerosos movimientos sociales reivindicaron el acceso al agua como un derecho universal; posición que se vio reforzada el año 2002, cuando el Consejo Económico y Social de NU emitió la Observación General 15, donde se establece que “el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud (…) Se debe tratar como un bien social y cultural, y no como un bien fundamentalmente económico (…) El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Es decir, el agua es un derecho y no una mercancía”.

El BM resumió este fracaso el año 2003, indicando que la falta de inversión a partir del año 2000ha ido acompañada de una reducción de las ambiciones de los inversores… un cambio en la opinión pública, ahora contraria al suministro privado de los servicios de infraestructura. El sentimiento de desilusión que reina ahora contrasta, mirando atrás, con las expectativas que nacieron del crecimiento espectacular de las infraestructuras privadas en los años 9025.

Ante este panorama desolador en los contratos privados de abastecimiento y saneamiento, las multinacionales del sector están apostando por contratos de construcción y operación de plantas de tratamiento y saneamiento, lo que se conoce como contratos BOT. Este tipo de contratos resultan más atractivos para las empresas, pues acotan más los riesgos, garantizan los retornos, y suponen trabajar para un único cliente, la compañía suministradora. Aún así, estos contratos BOT también están dando problemas en Sudamérica, como los contratos de Suez en Colombia o de Biwater en Chile; se vienen observando los mismos casos de corrupción en la contratación y se mantienen los
elevados precios para los operadores, a menudo por encima de lo que los operadores facturan a los usuarios.

Dentro de este conflicto, el BM también se posicionaba, y condicionaba un crédito de másde 200 millones de dólares para el operador provincial de Buenos Aires re-nacionalizado, ABSA, aque el conflicto se resolviese de forma favorable a los intereses de Suez y AgBar111. En enero de2006, Suez había mantenido conversaciones para vender sus acciones con diversos fondos de inversión, como el argentino Fintech o el mejicano LatamAssets, siempre teniendo en cuenta que AgBar se mantendría como operador, con el 4%, del servicio de Aguas Argentinas.

Los servicios se transfirieron a Aguas cordobesas en mayode 1997, con el apoyo de un operativo policial para desalojar a unos 300 trabajadores que se oponían a la privatización. En julio de 2003, Aguas Cordobesas, Suez y AgBar presentaban una demanda contra el gobierno argentino, en elCIADI por 108 millones de dólares. En diciembre de 2007, el caso todavía no se había resuelto.