Elecciones en Tucumán: Que el arbol no tape el bosque, por Facundo Bertoldi

Antes de ponernos a analizar el cuadro de situación, debemos refrescar algunos conceptos, por ejemplo, que la democracia argentina debe garantizar la mayor transparencia en todos y cada uno de los actos electorales que se celebren a lo largo y ancho del país. Cualquier hecho previo, durante o posterior al comicio que conspire contra dicho objetivo, no debe merecer más que el repudio general.

Por otro lado, el ejercicio del poder de policía sólo habilita al mantenimiento del orden público, y debe ser ejercitado hasta su justo límite y con pleno respeto a los derechos de los ciudadanos. Si exceder dicho límite es, de por sí, peligroso y repudiable, más lo será aún si se produce en el marco de una elección y cuando se está desarrollando el proceso de escrutinio. Sobre tales conductas debe recaer todo el peso de la Justicia, ya que el respeto a estos conceptos hace a la calidad institucional de nuestra República.

Ahora bien, a lo ya conocido detallamos que los incidentes se registraron en 42 mesas de Sargento Moya, San Pablo, Los Pizarros y Los Ralos, las cuales sufrieron urnas quemadas y/o inhabilitadas, resabios de repudiables enfrentamientos de orden local. Queda sin definirse el voto de 14.700 sufragantes (un 1,3% del padrón).

En términos más generales, votó más del 80% del padrón, es decir, alrededor de 896.000 sufragantes y, hasta este momento, el Frente para la Victoria se alzaría con cerca de 484.000 votos que resultan el 54% de los emitidos., seguido por su más inmediato competidor, el Acuerdo para el Bicentenario, que obtuvo 358.000 votos (40 %).

Entonces, hablar de “miles de personas”, “una espontánea muchedumbre”, “una importante cantidad de manifestantes”, (sic) que reclaman frente a la Casa de Gobierno por los incidentes, califican como “fraudulento” el resultado del comicio, dejan expuesta una mera operación matemática que demostraría que la incertidumbre acerca de los sufragios emitidos en las 42 mesas cuestionadas, en modo alguno, podría arrojar sospechas respecto de los resultados que, aún parciales, marcan una clara tendencia.

Es claro entonces que la apelación al supuesto fraude, que pretende descalificar a la totalidad del comicio, no constituye más que una desleal maniobra dirigida, en nombre del “respeto a la voluntad ciudadana”, a echar un manto de sospecha generalizado sobre el mayoritario pronunciamiento de los tucumanos. Que el candidato de la oposición convoque a una nueva votación a gobernador y vice ( ¡¡¡), sustentado en estos incidentes – repudiables, insisto – pero de repercusión acotada a los escenarios señalados, no hace más que revelar una postrera impotencia ante el fracaso electoral.

Apelar a este tipo de manipulaciones, en donde un limitado número de “autoconvocados” pretende desconocer la decisión de un pueblo, expresada unas horas antes, recuerda a recientes sucesos similares en países hermanos con gobiernos populares, expuestos al jaqueo de quienes no logran el calor popular y suponen poder reivindicarse por fuera de los pronunciamientos electorales.

Esto acontece de cara a las elecciones presidenciales, cuestión que “abre el paraguas” frente a eventuales resultados, pretendiendo llevar a futuros triunfadores a la insólita obligación de tener que “justificar” su éxito frente a las minorías, debiendo acreditar, no ya el resultado legítimo que provendrá de la Justicia Electoral, sino un “certificado de pureza extra” de aquél. Algo así como una “cámara de mentiras” en manos de las minorías derrotadas.
¿Será por eso que se ha convertido en “noticia” frecuente la crítica a “los regímenes feudales” del NOA y del NEA, precisamente en donde el candidato Scioli superó por cerca de 1.400.000 votos a su competidor Macri en las PASO? ¿O será que la denunciadora serial ha dejado una temeraria descendencia?