La concepción rectora de todas las políticas públicas

Desde hace más de un década, el Día Nacional de la Memoria ha propiciado la aparición de espacios populares de encuentro, reflexión y alegría. La movilización central que se realiza cada año en Plaza de Mayo, y los miles de encuentros y actos que se replican en todo el país, dan cuenta de cómo los argentinos se han apropiado de esta fecha.

Los juicios de lesa humanidad a lo largo y ancho del país; la militancia de organizaciones de la sociedad civil, de agrupaciones políticas y sociales; la voluntad institucional del Estado argentino desde la llegada de Néstor Kirchner, y el acompañamiento de los ejecutivos provinciales para sostener la decisión de constituir los derechos humanos como política de Estado. Este escenario da cuenta del involucramiento institucional con los valores que constituyen y le dan sentido a la política de Memoria, Verdad y Justicia.

La sociedad argentina se ha fortalecido y tiene un altísimo grado de conciencia. A nuestra vivacidad innata como pueblo, se sumó la decisión política del Estado para iniciar un proceso de reparación que hoy nos permite tener un estándar alto en relación a la defensa y promoción de los derechos humanos.

Sin embargo, recién comenzamos. Nuestra democracia es joven, y el proceso de resignificación y valoración de los derechos humanos es aún más reciente. Progresivamente, la responsabilidad institucional de una cartera de derechos humanos se centra en las vulneraciones actuales a los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos.

En ese marco y por expresa instrucción del gobernador Daniel Scioli, en la provincia de Buenos Aires pensamos los derechos humanos en función de la inclusión y la ampliación de ciudadanía, como pilares complementarios de la reparación.

De esto se trata el presente y el futuro: fortalecer una política de Estado que, en la provincia de Buenos Aires, hemos sintetizado en la ampliación de una consigna histórica. Memoria, Verdad, Justicia e Inclusión Social. Esta decisión es, por supuesto, una opción política en el marco de un proyecto que aspira a cumplir las tareas inconclusas o aquellas todavía no abordadas.

Es importante comprender que los derechos humanos deben interpelar a los ciudadanos y éstos deben apropiarse de los sentidos y los valores que los constituyen. En esta ida y vuelta se encuentra la posibilidad de ampliar ciudadanía, construir políticas públicas que incluyan y que sean eficaces en los diversos campos de acción y ámbitos de intervención de nuestra Secretaría: salud, educación, cultura, género, seguridad.

Desde la construcción de una ley de prevención de la tortura -girada a la Cámara de Diputados- y la conformación de la CIPreT (Comisión Interministerial para la prevención de la Tortura) en el ámbito del Ejecutivo, hasta los juicios de lesa humanidad que están avanzando en las complicidades civiles y los delitos sexuales. Desde al abordaje de la violencia de género con el Programa AVM (atención telefónica las 24hs. los 365 días del año al 0800-555-0137) hasta las señalizaciones de ex centros clandestinos. Desde la entrega de pensiones a familiares de víctimas de la dictadura hasta la identidad de género. Desde Asuntos Indígenas hasta violencia institucional. Desde problemáticas de discapacidad hasta la trata. Desde la formación de ciudadanía y formas de participación política en la juventud hasta una editorial propia para concientizar y crear sentidos.

Estas son nuestras responsabilidades y nuestro compromiso con la Argentina del desarrollo que está llegando.

Guido Carlotto. Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires