Un candado con forma de ley: lo que esconde la reforma del Banco Central

La Cámara de Diputados le dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. El oficialismo la presenta como el capítulo final de la lucha contra la inflación. Pero leída con atención, la reforma parece perseguir un objetivo más modesto y más político: no tanto derrotar la inflación como blindar jurídicamente un modelo económico para que sobreviva a quien lo impulsó.

El corazón de la reforma es la reducción del BCRA a un único objetivo: preservar el valor de la moneda. Suena razonable en abstracto, pero tiene un costo concreto. Al eliminar el mandato múltiple —que hoy incluye el empleo y el desarrollo económico—, la nueva Carta Orgánica deja fuera de la discusión monetaria justamente las variables que a la sociedad más le importan cuando la economía se enfría: el trabajo y la producción. Un banco central que solo puede mirar el peso es un banco central que, por diseño, no puede acompañar una reactivación ni sostener el empleo si eso implica cualquier concesión, por mínima que sea, a la estabilidad nominal.

A esto se suma la prohibición virtual del financiamiento al Tesoro. Cerrar esa canilla puede tener sentido como disciplina fiscal en tiempos normales, pero la reforma no distingue entre gasto corriente y emergencia. Un futuro gobierno que enfrente una catástrofe climática, una crisis sanitaria o una recesión profunda se va a encontrar con las manos atadas por una ley que el actual oficialismo aprobó pensando en sí mismo, no en quien venga después.

Uno de los aspectos menos visibles pero más decisivos del proyecto es la asimetría entre nombrar y destituir al presidente del Banco Central. Mientras la designación queda relativamente sencilla para el Poder Ejecutivo de turno, la remoción se vuelve un trámite mucho más engorroso. En la práctica, esto funciona como un candado: quien hoy ocupa el sillón de Reconquista 266 queda protegido de cualquier cambio de gobierno, incluso si ese gobierno pierde una elección con un mandato explícito para cambiar el rumbo económico.

Ese candado tiene nombre y apellido: Santiago Bausili. Y ahí aparece uno de los puntos más incómodos del debate, señalado por varios legisladores opositores en el recinto: Bausili es socio del ministro de Economía, Luis Caputo, en la actividad privada. Blindar institucionalmente a un funcionario que mantiene una sociedad comercial con quien define la política económica no es un detalle menor para un organismo que, por diseño, debería estar protegido de las influencias del gobierno de turno. La independencia que se invoca como argumento central de la reforma queda, cuando menos, en entredicho.

El artículo más controvertido del proyecto —el 12— habilita usar como garantía para endeudamiento externo los activos del Banco Central, incluidas las reservas y, según denunciaron legisladores opositores, eventualmente el oro. No es un dato aislado: coincide con una gestión que, según se recordó en el debate, evitó hasta ahora comprometer personalmente al Central en una operación de este tipo por la vía de un decreto, y que ahora busca esa misma autorización pero blindada por ley.

El mecanismo tiene una lógica financiera clara: en lugar de emitir pesos para asistir al Tesoro —la vía que la reforma cierra— el camino alternativo es tomar deuda en dólares afianzada con el patrimonio del Banco Central. Es, ni más ni menos, cambiar una forma de financiamiento por otra: de la emisión monetaria al endeudamiento externo. Y no es casual que el Fondo Monetario Internacional haya elogiado públicamente el proyecto: la reforma calza con la lógica de un organismo que prioriza el repago de deuda y la ortodoxia monetaria por sobre la discrecionalidad fiscal de los gobiernos. El objetivo declarado —o al menos el que le atribuye la oposición— es sostener el esquema cambiario hasta 2027 sin necesidad de una devaluación traumática, usando el patrimonio público como colateral de una apuesta que, si sale mal, la pagarán los gobiernos futuros.

Quizás la pregunta más incómoda que dejó el debate en Diputados fue la que planteó un legislador opositor: ¿es razonable que si la oposición gana la próxima elección, tenga que gobernar con la política monetaria de quien perdió? Esa es, en el fondo, la crítica de fondo a toda la reforma: no se trata solo de si el objetivo de preservar el valor de la moneda es deseable, sino de si conviene volverlo casi irreversible por ley, cerrando de antemano las opciones de cualquier administración futura, sea del signo político que sea.

Una reforma de esta envergadura institucional debería construirse con consensos amplios, precisamente porque va a sobrevivir a este gobierno. Aprobarla en medio de una sesión tensa, votando el articulado por título y no artículo por artículo, con la oposición denunciando maniobras y un legislador que estuvo a punto de llegar a las manos con la presidencia de la Cámara, no es la mejor carta de presentación para una norma que pretende regir la política monetaria argentina durante años.

Más allá de que se comparta o no cada artículo, una reforma que va a condicionar la política monetaria de la Argentina durante las próximas décadas no debería tramitarse con chicanas parlamentarias ni con apuro oportunista, aprovechando una correlación de fuerzas circunstancial para dejar atornillado un modelo económico. Una norma de este calibre institucional exige lo contrario: un debate amplio e intelectualmente honesto, que no se reduzca a la defensa cerrada de quienes la redactaron ni al rechazo automático de quienes se sientan del otro lado del recinto.

Eso implica, como mínimo, dar tiempo y espacio a la consulta con los actores sociales que la reforma va a afectar —sindicatos, cámaras empresarias, organizaciones del sector productivo— y con el ámbito académico, donde economistas de distintas escuelas podrían aportar matices sobre los riesgos y beneficios de un banco central con mandato único, sobre el diseño de la independencia institucional o sobre las experiencias comparadas que el propio Bausili invocó como modelo. Ninguno de esos actores tuvo un rol central en el debate legislativo, que se resolvió en poco más de tres semanas entre la presentación del proyecto y su media sanción. Una ley pensada para perdurar más allá de un mandato presidencial merece, como mínimo, el tiempo y la pluralidad de voces que su propia vocación de permanencia reclama.

La reforma pasa ahora al Senado, donde todavía hay margen para corregir lo que la premura de Diputados no permitió discutir a fondo. Ojalá los senadores estén a la altura de lo que la circunstancia exige: que prevalezca el debate de fondo por sobre la disciplina de bloque, y que una norma llamada a regir la política monetaria del país durante años no termine siendo, una vez más, el resultado de una mayoría ocasional antes que de un acuerdo genuino sobre qué Banco Central necesita la Argentina.