Ley de Glaciares: tensión y marcha al Congreso

Restricciones y reclamos en la Cámara de Diputados

El debate por la Ley de Glaciares se desarrolla bajo un esquema estricto controlado por las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales. Cada expositor cuenta con apenas cinco minutos para fijar su posición. Ante la imposibilidad de que hablen todos los inscriptos, el Gobierno habilitó una plataforma digital para subir videos, una medida que los ambientalistas califican de insuficiente. La movilización hacia las puertas del Congreso, convocada para las 17 horas de hoy, busca visibilizar el rechazo a lo que consideran una «audiencia exprés».

El eje del conflicto es la propuesta de delegar el control de las reservas hídricas a las provincias. Actualmente, la Ley de Glaciares establece presupuestos mínimos federales que protegen el ambiente periglacial de la actividad minera. La reforma impulsada por el Ejecutivo busca flexibilizar estas barreras para habilitar proyectos de inversión bajo el régimen del RIGI. Los especialistas advierten que cambiar definiciones técnicas, como sustituir «ambiente» por «geoforma», reduciría drásticamente el área protegida en la cordillera.

Una batalla por las reservas de agua dulce

La reforma de la Ley de Glaciares es vista por los sectores mineros como una oportunidad para extraer oro y cobre en zonas hoy prohibidas. Sin embargo, para las comunidades locales y los científicos del IANIGLA, se trata de un error estratégico. En un contexto de crisis climática global, desproteger las cuencas hídricas pone en riesgo el abastecimiento de agua para el consumo humano y la agricultura. La presión en las calles será determinante para el dictamen que el oficialismo pretende firmar en las próximas semanas.

El futuro de la Ley de Glaciares sigue bajo la lupa judicial tras la presentación de amparos por parte de entidades como Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas. La jornada de hoy miércoles es presencial, mientras que mañana jueves las exposiciones serán virtuales. Mientras el Congreso se blinda con operativos de seguridad, la sociedad civil reafirma que los glaciares no deben ser mercancía de remate. La soberanía ambiental argentina enfrenta hoy una de sus pruebas más difíciles.