A contramando de la decisión tomada en los tribunales de Comodoro Py, el magistrado federal de La Plata Alejo Ramos Padilla sostuvo que debe investigarse la denuncia del gobernador bonaerense contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro, por los chats sobre el fallo por la coparticipación porteña.
El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla sostuvo que se debe investigar la denuncia del gobernador Axel Kicillof contra Silvio Robles, vocero del presidente supremo Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, por los chats donde aparecían diálogos sobre el fallo de la coparticipación que reclama la Ciudad de Buenos Aires antes de que fuera firmado por la Corte, y que finalmente benefició al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Explicó que «no es posible dictar el archivo» como hizo en Comodoro Py el juez Sebastián Ramos, a quien cuestionó. A contramano de su colega, Ramos Padilla dijo que no hay «elementos de prueba serios y objetivos que permitan afirmar que las comunicaciones de Robles y D’Alessandro provienen de acciones de espionaje ilegal». Todo esto forma parte de una resolución en la que se declaró incompetente en el caso, y se lo envió a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien ya acumuló las denuncias de otros dos gobernadores, Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja).
Críticas a Comodoro Py
Ramos Padilla hizo un repaso de las denuncias sobre el mismo tema, donde queda claro que la de Zamora fue la primera, previa a la que resolvió el juez Ramos, que se inició justo después con una extraña presentación del abogado Gastón Marano (defensor de Gabriel Carrizo en la causa del atentado contra CFK y exasesor del PRO en la Comisión Bicameral de inteligencia) que parecía a media de Robles y D’Alessandro. «Un juzgado y una fiscalía de feria, sin siquiera incorporar ni valorar las presentaciones hechas por los gobernadores y lo actuado en las otras causas duplicadas en trámite, habilitaron la feria judicial y dispusieron el inmediato archivo de las actuaciones», cuestionó. El juez advirtió que se deben aplicar mecanismos para que no haya duplicación de causas por cuestiones de «conexidad» y, en particular, «para evitar las arbitrariedades que pueden sucederse a partir de ello». También aclaró que «no existen controversias acerca de que el hecho denunciado se ha iniciado, transcurrido y consumado en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», más allá de que -como planteó Kicillof- pudieran tener efecto en las provincias.
Como informó Página/12, el recorrido por el que llegó la causa al juez Ramos es sumamente dudoso. La denuncia de Marano le había tocado por sorteo al juez Ariel Lijo, que estaba de vacaciones. Intervino, como subrogante, María Servini, pero se excusó por entredichos con D’Alessandro -con quién tenía una vieja cercanía- vinculados a su custodia. No está claro cómo ni por qué la Cámara Federal volvió a sortear un juzgado: es decir, le sacó la causa a Lijo en lugar de designar un nuevo suplente. Entonces llegó al juzgado de Capuchetti, que se tomaba vacaciones al día siguiente, y no hizo nada. Tampoco se excusó, pese a trabajar para el Instituto de Seguridad Pública de CABA, que depende de D’Alessandro. Entonces la subrogó Julián Ercolini, que tampoco se excusó pese a que viajó con el ministro porteño a Lago Escondido (por lo que ambos y otros son investigados), pero dejó pasar los días. El siguiente era Ramos, que tardó 24 horas desde que comenzó a intervenir en resolver el archivo. Las denuncias de Quintela y Zamora se sortearon llamativamente recién el 30 de enero.