La Unidad Piquetera se manifestó en CABA y otros puntos del país en rechazo a la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de dar de baja a 154 mil titulares de planes. Mientras los dirigentes de izquierda acusaron al Gobierno de realizar el ajuste pedido por el FMI, desde el PRO y las agrupaciones libertarias exigieron que las protestas sean reprimidas. Desarrollo Social defendió la suspensión de beneficiarios y avisó que, si hubo errores, serán subsanados.
La Unidad Piquetera cortó los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y realizó en simultáneo protestas en el interior del país, para reclamar contra las suspensiones de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. Se trata de 154 mil titulares del programa que el Ministerio de Desarrollo Social suspendió por no haberse reempadronado a través una aplicación, un mecanismo que las organizaciones sociales de la izquierda impugnan. “El Gobierno hizo una auditoría virtual a sabiendas de que muchxs compañerxs están muy lejos de tener internet y en algunos pueblos no hay ni luz. Lo hizo con toda la intención de que miles quedaran afuera y así ahorrarse recursos que ascienden a 60 mil millones de pesos anuales», dijeron durante la jornada, convocada con el slogan “El FMI ordena, Tolosa (Paz) condena”. Desde la cartera plantearon que la mayoría de las suspensiones fueron realizadas correctamente y que, si hay errores, serán corregidos.
La campaña electoral elevó la temperatura del conflicto: mientras Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero, denunciaba a la ministra de Desarrollo Social, los libertarios empapelaron el centro porteño con afiches contra los piquetes. “Dejennos trabajar sin cortes” y “Este año se les termina la joda”, advirtieron en ellos. El legislador de Libertad Avanza Ramiro Marra trató de dejar al jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como un blando: “Los piqueteros rompen el orden de la Ciudad. Tienen que ir presos”, declaró. La titular del PRO, Patricia Bullrich, apuntó que el país está “tomado los 365 días del año”.
El reclamo
El reempadronamiento consistió en una validación de datos que las personas que cobran el Potenciar Trabajo debieron hacer a través de la aplicación Mi Argentina. Quienes en enero no la completaron fueron suspendidos y este mes cobraron la mitad del plan, es decir 16 mil pesos en lugar de los 32 mil mensuales del programa. Ahora está abierta una etapa de reclamos, en la que es posible todavía validar los datos. Quienes para marzo aún no hayan completado el trámite, serán dados de baja definitivamente
Las críticas que hacen los movimientos sociales de la izquierda son varias. Recuerdan que en septiembre el ministerio había puesto en marcha una auditoría presencial, con las universidades, que empezó a realizarse pero que Victoria Tolosa Paz, al asumir como ministra, reemplazó por una auditoría virtual. Indican que para empadronarse hay que tener internet, un servicio caro y reducido, que no llega a todos los barrios ni zonas del país. Agregan que hacer el trámite no es sencillo porque incluye recibir un mail, es decir, tener una casilla de correo y responderlo, y que muchas personas, incluso contando con la ayuda de militantes de las organizaciones, hicieron la validación y sin embargo igual fueron suspendidos. Para las organizaciones, la intención más que auditar fue recortar.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social responden que en lo que va del mes recibieron “20.157 mil reclamos”. Es decir, que si hay errores van a ser corregidos, pero que el grueso de las 154 mil suspensiones están bien hechas. “La Unidad Piquetera está en todo su derecho de hacer los señalamientos que considere, pero el Ministerio es el que administra y diseña las políticas públicas y tiene derecho a cuidar los recursos del Estado, que en definitiva son los recursos de todos los argentinos», añadieron fuentes de la cartera. El número es importante, nada menos que el 10 por ciento del padrón del Potenciar, el mayor recorte desde su creación.