El nuevo capítulo del conflicto político desatado por la acordada de la Corte Suprema en favor de la Ciudad de Buenos Aires sumó, además de una serie de denuncias penales contra Alberto Fernández – todas motorizados desde Juntos por el Cambio -, un fuerte lobby de todo el establishment económico – AEA, Amcham, UIA – en defensa irrestricta del gobierno porteño y la propia Corte. Hubo, por otro lado, nuevos respaldos de parte de las provincias a la postura del gobierno nacional, ya que se sumaron cuatro gobernadores más al listado de mandatarios – no todos de extracción peronista – que cerraron filas contra la medida cautelar del Máximo Tribunal que aumentaba la coparticipación de CABA (al que acusaron de ser de «imposible cumplimiento»).
En Casa Rosada, mientras tanto, piden cautela y analizan los pasos judiciales a seguir pero insisten – con firmeza – sobre la «imposibilidad» de modificar las transferencias que se le están haciendo a las provincias. «No se va a cumplir con lo que dice el fallo, la decisión política es seguir transfiriendo lo mismo que se transfiere anualmente», reafirmó un importante funcionario nacional.
Un día después de hacer su anuncio oficial – en el que, a través de un comunicado, se calificó el fallo de la Corte Suprema como «inédito, incongruente y de imposible cumplimiento» -, el gobierno nacional reafirmó que, en la práctica, no habrá cambios en el porcentaje que actualmente Nación le transfiere a todas las provincias.
En un final anunciado, la Corte Suprema había dictado el martes una medida cautelar en favor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la que ordenaba que se le entregara a la Ciudad un 2,95 por ciento de fondos coparticipables. Dos años antes, el presidente Alberto Fernández había reducido a 2,3 por ciento los fondos porteños luego de que Mauricio Macri, con la excusa del traspaso de la Policía Federal, hubiera decidido triplicar esos fondos durante su gobierno. Frente a este nuevo panorama, el gobierno nacional, con el respaldo de la gran mayoría de los gobernadores y gobernadoras del país, rechazó como un «fallo político» la decisión de la Corte y definió avanzar con la recusación de los supremos y solicitar la revocación «in extremis» de la medida cautelar.