Mar del Plata: fuerte oposición al arribo de un famoso prostíbulo

En Mar del Plata se instaló una polémica: se gestó una fuerte oposición contra el arribo de un famoso prostíbulo. Desde el Ministerio Público Fiscal, se pidió a Gustavo Pulti, intendente de La Feliz, que rechazara la habilitación de una sucursal de Cocodrilo.

La negativa se sustenta en que la apertura del local “generaría una violación inminente de los derechos de las mujeres, en especial el de preservar su dignidad frente a situaciones de explotación”.

La solicitud fue realizada por el fiscal Daniel Adler, en coordinación con el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación Sexual (Protex), Marcelo Colombo; y la responsable del Programa de Políticas de Género, Romina Pzellinsky; quien aportó documentación sobre las causas en las que está involucrado el negocio del barrio porteño de Recoleta.

Para Adler, el funcionamiento de este establecimiento entraría en “palmario enfrentamiento con normas del derecho nacional e internacional”. Ante esto, citó la ley 12.331, que prohíbe “el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella” y el Protocolo de Palermo de Naciones Unidas, que sanciona el delito de trata e insta a su prevención.

“Las leyes nacionales, pactos y convenios internacionales invocados no esperan a que los daños se produzcan. Los bienes jurídicos son de tal magnitud que las normas no sólo obligan a sancionar la trata de personas sino también a prevenirla, y sin dudas la instalación de un lugar que está inequívocamente señalado como de explotación sexual de mujeres provoca exactamente un efecto contrario”, explicó el fiscal.

En el informe, recuerdan que “quien dice ser el dueño de Cocodrilo Buenos Aires, Omar Suárez, es la misma persona que promociona la llegada de Cocodrilo a Mar del Plata desde el año pasado” e insisten en que el sitio Fiscales.gob.ar manifestó que el comercio fue denunciado en 2010 por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (el antecedente del Protex), instancia que disparó una investigación en la que “se comprobó la falsedad ideológica de numerosas actas de inspección que debían labrar las comisarías”.

En el mismo documento, Adler destaca que, si bien en al caso de Cocodrilo los reportes policiales no registraban irregularidades, sí lo hicieron tareas de inteligencia realizadas por Prefectura y Gendarmería Nacional, que “arrojaron como resultado que en dicho local se ofrecían servicios sexuales, lo cual daba muestras de una operatoria de presunta connivencia policial”.