Tribunal español ordenó encarcelar a la presidenta del Parlamento catalán

La presidenta del Parlamento catalán, la independentista Carme Forcadell, ingresó este jueves en prisión hasta que pague una fianza de 150.000 euros, según decretó un juez del Tribunal Supremo español que la investiga por delitos de rebelión y sedición.

De los otros cinco diputados que declararon con ella ante este tribunal, uno quedó en libertad sin medidas cautelares -el único no independentista-, y los otros cuatro disponen de una semana para pagar una fianza de 25.000 euros y evitar la cárcel, informó un portavoz del tribunal.

Los seis habían sido objeto de una querella de la fiscalía por rebelión, sedición y malversación como integrantes del órgano rector del Parlamento catalán después de permitir la votación de una declaración de independencia de la región el pasado 27 de octubre.

La fiscalía, que había pedido prisión incondicional para Forcadell y otros tres diputados, los acusa de urdir «una estrategia concertada a declarar la independencia» en colaboración con el gobierno regional y las asociaciones independentistas.

En su declaración, Forcadell sostuvo que, como presidenta del Parlamento, no tiene «libertad para impedir votaciones» y que no se puede censurar previamente el debate parlamentario, relató un portavoz suyo.

Forcadell, declaró ante el Tribunal Supremo español que acata la intervención a Cataluña ordenada por el gobierno y que la declaración unilateral de secesión fue simbólica.

La defensa intentó restar importancia a la declaración de independencia, señalando que no tuvo «efectos jurídicos», informaron fuentes presentes en el interrogatorio.

Ocho miembros del antiguo gobierno regional ya se encuentran encarcelados preventivamente por delitos de rebelión, sedición y malversación, así como los presidentes de dos asociaciones independentistas que organizaron grandes manifestaciones.

La encarcelación de los 10 líderes independentistas generó fuertes manifestaciones en Cataluña.

Puigdemont y otros cuatro miembros de su gabinete evitaron por ahora la cárcel al viajar hace 10 días a Bruselas, donde están pendientes de la decisión de la justicia belga sobre la orden de extradición emitida desde España.

El objetivo de ese viaje era desplazar la crisis catalana al corazón de Europa, que sigue dándole la espalda, como dejó claro este jueves el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker en la Universidad de Salamanca (centro de España).

«El nacionalismo es un veneno que impide que Europa viva junta», afirmó Juncker, que fue investido doctor honoris causa, en un acto al que acudió el jefe de gobierno español Mariano Rajoy.

Después del referéndum, que aseguraron haber ganado con un 90% de los votos y una participación del 43%, los independentistas proclamaron una república catalana que no fue reconocida por ningún país.

A las pocas horas, la declaración quedó en papel mojado. El gobierno español destituyó al ejecutivo de Puigdemont y disolvió la cámara regional entre otras medidas.

Los impulsores de esa declaración de independencia se exponen ahora a penas de hasta 30 años por rebelión y 15 años por sedición, y ocho de ellos ya están entre rejas.

Sus militantes los consideran «presos políticos», pero desde la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional descartaron por ahora esta etiqueta, señalando que «están acusados de actuaciones que pueden constituir delito».

Las encarcelaciones provocaron una huelga general el miércoles en Cataluña, con un seguimiento minoritario pero graves perturbaciones en el tráfico por los cortes de carreteras y vías férreas.

Se trata de la segunda huelga general en un mes y medio de inestabilidad en Cataluña, que ha visto cómo 2.200 empresas trasladaban su sede a otras regiones.

La Comisión Europea alertó que la crisis puede afectar el crecimiento español y el organizador del Congreso Mundial del Móvil, el más importante de ese sector, recordó «la necesidad de un ambiente seguro y estable» para seguir celebrando la feria en Barcelona, informó una portavoz.

Aun así, los independentistas prometen seguir con sus protestas mientras preparan las elecciones regionales del 21 de diciembre, en las que esperan retomar el poder.

El gobierno español espera una amplia movilización de los no independentistas en estos comicios, cuyo resultado se prevé muy ajustado, y una vuelta a cierta normalidad.

«Sería importante que hubiera una participación masiva (…) Espero que de aquí vayamos a una situación de moderación y tranquilidad», afirmó Rajoy desde Salamanca.

Pero Puigdemont no da su brazo a torcer y desde Bruselas sigue reclamando sin éxito un frente unitario del independentismo contra la intervención de Madrid.

«Hay que echar democráticamente de nuestras instituciones a quienes las han querido hacer suyas con un golpe de Estado», dijo en una carta.