El largo y sinuoso camino hacia la formalización laboral, por Luciano Tosco

La implosión del sistema de convertibilidad a fines de 2001 y las políticas macroeconómicas impulsadas con posterioridad, transformaron gradualmente el patrón de empleabilidad, favoreciendo la creación de puestos formales de trabajo. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre 2003 y 2012 el trabajo no registrado descendió 14,5 puntos porcentuales, pasando del 49,1% a 34,6%, estimado en el total de la participación del empleo asalariado. En este sentido, la recuperación del rol del Estado, de las instituciones del trabajo, como la inspección laboral y la negociación colectiva y la estrategia impulsada por el Gobierno Nacional de colocar al empleo en el centro de las políticas públicas, permitieron incluir gradualmente a segmentos de la sociedad, que hasta ese entonces estaban sumergidos en el fango de la informalidad, a un mercado de trabajo más decente.

A pesar de ello, en los últimos años los indicadores laborales de algunas provincias están dando señales claras respecto a un relativo estancamiento de este ciclo virtuoso. Un ejemplo de ello es el Gran Mendoza, que entre el segundo trimestre de 2011 y el segundo trimestre de 2015, paso de un 33,1% a un 35,7% de informalidad según los indicadores socioeconómicos de la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH), del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Es decir, en los últimos cuatro años el trabajo en negro en el Gran Mendoza aumentó 2,7 puntos porcentuales. Así mismo, cabe recordar que dicho indicador al segundo trimestre de 2008 se situaba en orden al 38,6%, tal como se puede observar en el gráfico “Evolución de la Tasa de Trabajo No Registrado en el Gran Mendoza”.

Esta realidad nos pone frente a la obligación de revisar la estrategia formalización laboral con el objetivo de fortalecerla. No obstante, previo a ello, es necesario hacer un balance de las políticas implementadas a lo largo de estos doce años.

Durante el período 2003 – 2013, el Gobierno Nacional elaboró una estrategia que permitió abordar el fenómeno de la informalidad desde una perspectiva diferente a la que se había implementado hasta ese entonces. De esta forma, se rompió con la lógica de mercado imperante en los años noventa, al tiempo que se revitalizó el rol del Estado como promotor y regulador de las condiciones de trabajo y seguridad social, lo cual permitióintegrar y articular programas y acciones entre las diferentes áreas de gobierno, vinculando distintos factores que alimentan la problemática de la informalidad.

El primer paso que dio en este sentido fue la puesta en marcha del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), en el año 2003.La novedad de este Plan estuvo en el hecho de plantear una acción coordinada entre diferentes ámbitos del Gobierno Nacional, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y las autoridades laborales provinciales, con el objeto de combatir el trabajo no registrado y verificar el cumplimiento de las condiciones de trabajo que garanticen el respeto de los derechos fundamentales del trabajo y la debida protección social. Con este horizonte, se impulsó en el seno del MTEySS un conjunto de acciones que supuso un salto cuanti y cualitativo en el sistema inspectivo, a partir de la ampliación de la dotación del cuerpo de inspectores, su profesionalización, la informatización del proceso inspectivo (inspector digital) y la certificación de su procedimiento; colocando, de esta manera, al sistema inspectivo argentino entre los más avanzados de América Latina.

En el marco de este Plan, sólo en la provincia de Mendoza, entre los años 2003 y 2014, se relevaron 58.120 establecimientos y 192.249 trabajadores, al tiempo que la tasa de regularización del trabajo pasó del 32,7% en 2005 al 46,6% en 2014, según datos de la Secretaría de Trabajo del MTEySS. A ello se le debería sumar el trabajo realizado por la autoridad laboral provincial.

A esta estrategia se sumaron las políticas de sostenibilidad del empleo, tal como el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), nacidas al calor de la crisis financiera internacional de 2009. Cabe recordar que esta política se profundizó en 2014 con el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROEMPLEAR), orientado a dar respuesta a la problemática de empleabilidad de los jóvenes.

Más allá del éxito relativo de esta estrategia y frente la persistencia de una elevada tasa de informalidad, en el año 2013, en el marco de un proceso de diálogo social sobre esta cuestión, el Gobierno Nacional lanzó el Plan Integral para el Combate al Trabajo No Registrado, liderado por el MTEySS, que si bien se acopló a la estrategia diseñada en 2003, definió nuevas políticas e instrumentos con el fin de avanzar en el formalización laboral. En este marco se impulsaron las siguientes acciones:

– Fortalecimiento de las facultades nacionales: consolidación de las facultades de inspección laboral por parte del MTEySS.
– Nuevos procedimientos de fiscalización del trabajo: i) Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular (UEFTI) y ii) Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
– Incentivos económicos: régimen especial para microempresas.
– Intervención en sectores críticos: trabajo doméstico, trabajo agrario y trabajo a domicilio.

Por ejemplo: Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casa Particulares y el establecimiento de un nuevo Régimen de Trabajo Agrario a partir de la sanción del nuevo estatuto del Peón Rural.

A grandes rasgos, estas acciones se reflejan en una reducción en las contribuciones patronales para las micro y pequeñas empresas cuando contraten nuevos trabajadores o blanqueen asalariados que estaban empleados en negro. Este estímulo, va del “subsidio” del cien por ciento de las contribuciones durante el primer año, al cincuenta por ciento durante el segundo año. Por otro lado, la creación de un listado de empresas infractoras como unaherramienta de disuasión y sanción para los infractores; la extensión de los convenios de corresponsabilidad social para facilitar el acceso a la seguridad social de los trabajadores rurales; y la reivindicación de los derechos de sectores vulnerables del mercado de trabajo (doméstico, rural y a domicilio) equiparándolos a los del régimen general.

Si se analiza la distribución de la matriz productivo-económica de la provincia de Mendoza, podemos observar que estas políticas impulsadas por el Gobierno Nacional resultan muy útiles al momento de combatir el trabajo informal, habida cuenta del peso que tienen las PyMES y el trabajo rural en dicha provincia.

Entonces ¿Por qué se da una suba del trabajo no registrado en los últimos años a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional? La respuesta a este interrogante se encuentra en factores coyunturales y estructurales. En cuanto a los primeros, en primer lugar, se debe tener en cuenta la caída en el crecimiento económico que venimos experimentando en los últimos años, que se tradujo en una ralentización de la actividad. A su vez, también juegan un rol importante las expectativas que envuelven el proceso electoral de este año. Respecto a los factores estructurales, hay que considerar el fuerte componente cultural que nos lleva, como colectivo social, a tener una alta tolerancia a la informalidad, a la precariedad laboral y la desigualdad. Por otro lado, la persistencia de núcleos duros de informalidad (como el trabajo doméstico, rural, cuentapropista o en sectores como el de la construcción y el comercio) que son difíciles de perforar y que demandan de políticas sectoriales.Y, finalmente, una reforma fiscal que propenda hacia un sistema impositivo progresivo, de forma tal que repare las asimetrías que tiene el actual sistema y descomprima la carga que soportan las PyMES.

Las estrategias futuras de combate al trabajo no registrado deberán contemplar estas cuestiones si se quieren acortar las distancias que tenemos por delante en este largo y sinuoso camino hacia la formalidad laboral.