Espionaje ilegal: el secretario privado de Mauricio Macri recibe otro revés en la Justicia

El fiscal federal Jorge Di Lello consideró que la denuncia por supuestas irregularidades vinculadas al secuestro, la custodia y los peritajes realizados sobre el teléfono celular del secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, en el marco de la causa por espionaje ilegal, no debe investigarse en en Comodoro Py, como el acusado pretendía.

En ese sentido, Di Lello elevó su dictamen al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a quien le dijo que “debería declararse incompetente y remitir las presentes actuaciones a la Justicia Federal con competencia en la localidad de Lomas de Zamora”, jurisdicción en la que tramita la investigación por supuestas maniobras ilícitas de inteligencia.

Las declaraciones del letrado surgen luego de que Nieto, presente una denuncia ante los tribunales de Comodro Py el 31 de julio pasado, oportunidad en la que sostuvo que “los estudios periciales realizados sobre la información obrante en su dispositivo habían sido objeto de distintas irregularidades”.

De esa manera, a través de sus abogados, el funcionario macrista cuestionó el modo en que se llevaron a cabo dichos estudios sobre el aparato celular, la trazabilidad, la cadena de custodia de la evidencia allí recolectada y en consecuencia la alteración de dicha prueba.

“Más allá del lugar donde haya sido analizada, resguarda y/o filtrada la información, lo cierto es que de los sucesos narrados por el denunciante, surge que las irregularidades se suscitaron en el marco de las diligencias que se llevaron a cabo en el expediente 14149/2020 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 2”, sostuvo el fiscal.

Anteriormente, en su presentación, Nieto argumentó que si bien no conocía el resultado oficial del peritaje, había tomado conocimiento a través de distintos medios de comunicación, que sobre su teléfonos se habían hecho dos estudios periciales diferentes que habían arrojados resultados distintos por lo quedaba en duda la “veracidad y transparencia de los procedimientos llevados a cabo”.