El Senado sigue sin dar dictamen del Súper RIGI y el Gobierno no responde el pedido de cambios de sus aliados

El Senado sigue sin avanzar con el dictamen del Súper RIGI, el proyecto de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ampliado que ya tiene media sanción de Diputados y que otorga fuertes beneficios impositivos a inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores considerados «del futuro». La iniciativa lleva más de dos meses frenada en la Cámara alta por el pedido de cambios de un grupo de senadores dialoguistas que el Gobierno todavía no respondió.

Los senadores Maximiliano Abad (radical, Buenos Aires), Carlos Espínola (peronista disidente, Corrientes) y Martín Goerling (jefe del bloque PRO, Misiones) plantearon en septiembre que el valor de los insumos nacionales utilizados por los proyectos del RIGI «no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero», para evitar que el régimen termine favoreciendo importaciones en desmedro de la industria local, una preocupación que comparten varias provincias productoras. El Ministerio de Economía dio señales de querer acercar posiciones en octubre, pero hasta ahora no hubo avances concretos.

Qué pide la oposición para destrabar el dictamen del Súper RIGI

La propia Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, había validado cambios vinculados a una preferencia del 20% para bienes producidos en el país, además de pedir garantías sobre la «capacidad de conexión al sistema eléctrico» de los nuevos proyectos, sin afectar la seguridad del sistema energético en su conjunto. Esa discusión remite a un antecedente reciente: a fines de octubre, el propio Senado había aprobado el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), pensado para proyectos de a partir de 12 millones de dólares, que sí incluye un compromiso de contratar al menos un 20% de proveedores nacionales en bienes transables, siempre que la oferta local esté disponible en condiciones de mercado.

Si el Súper RIGI finalmente llega al recinto y se aprueba con modificaciones, deberá volver a Diputados para una segunda revisión, lo que alargaría aún más un trámite que varias provincias productoras siguen de cerca. Con el período de sesiones ordinarias por vencer el 30 de noviembre, la falta de respuesta del Gobierno a los reclamos de sus propios aliados profundiza la incertidumbre sobre si el proyecto insignia de incentivos a la inversión podrá convertirse en ley este año.