POLÍTICA
A 20 años de su segunda desaparición, la Provincia mantiene en $10 millones la recompensa por Jorge Julio López
El 18 de septiembre se cumplieron dos décadas de la desaparición del testigo clave en la causa contra Miguel Etchecolatz, un caso que sigue sin resolverse y que el Estado bonaerense busca mantener presente.
Este 18 de septiembre se cumplieron 20 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, el albañil y testigo clave que había declarado contra el comisario Miguel Etchecolatz por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. En la previa de una nueva audiencia judicial vinculada a la causa, distintos medios recordaron que la recompensa por Jorge Julio López sigue vigente: el Ministerio de Seguridad bonaerense la mantiene en hasta $10 millones para quien aporte datos sobre su paradero.
El monto había sido establecido por el Decreto 654 de este año, que fijó una escala de $5 a $10 millones según la relevancia de la información recibida, y sigue disponible a través de una línea telefónica habilitada por la Provincia (0221 429-3015) y de un correo electrónico de la cartera de Seguridad (profugos@mseg.gba.gov.ar). A dos décadas del hecho, la causa por la desaparición de López continúa sin un desenlace judicial y el reclamo de justicia se renueva cada septiembre, en coincidencia con el aniversario.
La recompensa por Jorge Julio López, un símbolo que no se apaga
López había declarado en 2006 en el juicio que terminó condenando a Etchecolatz a reclusión perpetua por crímenes cometidos en centros clandestinos de detención durante la dictadura, y desapareció por segunda vez el mismo día en que debía asistir a los alegatos finales. Su caso se convirtió en un símbolo de la lucha de los organismos de derechos humanos y en una prueba de las dificultades que persisten para garantizar la protección de los testigos en juicios de lesa humanidad.
«Mi viejo dejó un legado que la gente lo reconoce», dijo Rubén López, hijo del testigo desaparecido, en diálogo con radio La Cielo. La vigencia de la recompensa, sostenida por sucesivas gestiones bonaerenses, se mantiene como una de las pocas herramientas concretas del Estado para intentar reabrir una pista sobre un caso que combina la memoria histórica con una causa judicial todavía abierta.