Fallo histórico: la Justicia declaró crímenes de lesa humanidad los fusilamientos de José León Suárez

A 70 años de uno de los episodios más graves de violencia política en la Argentina, la Justicia Federal de San Martín declaró que los fusilamientos de José León Suárez constituyeron crímenes de lesa humanidad y responsabilizó al Estado argentino por su planificación y ejecución. La histórica sentencia fue dictada por la jueza federal Alicia Vence en el marco de un Juicio por la Verdad, disponiendo medidas de reparación y preservación de la memoria para los familiares.

El fallo reconstruye los hechos ocurridos entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio de 1956, cuando un grupo de civiles fue detenido ilegalmente y trasladado a los basurales de José León Suárez, donde varios fueron ejecutados por fuerzas policiales de la dictadura de la Revolución Libertadora.

El dictamen y el contexto de la masacre

Durante la lectura de la sentencia en San Martín, la magistrada tuvo por probado que el personal policial allanó de forma ilegal una vivienda en Florida por orden de las máximas autoridades de facto de la época: el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Francisco Rojas. Doce personas fueron detenidas, llevadas a la comisaría de San Martín y luego fusiladas en un descampado. Como resultado murieron Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión, mientras que otros siete lograron sobrevivir, entre ellos Juan Carlos Livraga, quien testificó en el proceso.

La jueza calificó las acciones como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía. Aunque los responsables directos ya fallecieron, Vence ratificó que el proceso posee un alto valor jurídico e institucional para establecer responsabilidades históricas. De haber sido juzgados en vida, les habría correspondido la pena de prisión perpetua.

Los fusilamientos se enmarcaron en la represión al levantamiento de los generales Juan José Valle y Raúl Tanco contra el régimen que había derrocado a Juan Domingo Perón en 1955. Se estima que un total de 31 militantes fueron asesinados en ese contexto en la provincia de Buenos Aires.

Las medidas de reparación dispuestas por el tribunal

Además de declarar la responsabilidad del Estado, la resolución ordena un conjunto amplio de medidas reparatorias:

• Rehabilitación histórica: se ordenó restituir el buen nombre y honor de las víctimas y publicar el fallo en los boletines oficiales nacional y bonaerense.

• Contenidos educativos: el hecho deberá ser incorporado de forma obligatoria en las currículas escolares.

• Placas y Sitios de Memoria: se colocarán placas en los lugares de los allanamientos y detenciones, y se creará un sitio de memoria específico en el predio de los antiguos basurales de José León Suárez.

Para los familiares, el dictamen significa una reparación largamente esperada. La resolución continúa la línea de otros juicios históricos, como el de la Masacre de Napalpí, donde la Justicia reconoció crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado independientemente del paso del tiempo. Los fundamentos completos del fallo se darán a conocer el próximo 16 de julio.