ECONOMÍA

Ajuste con doble estándar: Diputados avaló la condonación a eléctricas mientras recorta el gas a familias

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En una sesión de fuertes contrastes, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de «medidas energéticas» del Gobierno, oficializando una transferencia de recursos que reabre el debate sobre las prioridades del ajuste fiscal. La iniciativa contempla la condonación de una deuda acumulada de USD 1.842 millones que las distribuidoras eléctricas —con Edenor y Edesur a la cabeza— mantenían con el Estado a través de CAMMESA. Mientras las empresas se liberan de pasivos millonarios, el proyecto avanza en la eliminación de los beneficios del régimen de «Zona Fría» para el gas, impactando de lleno en la economía de 1,6 millones de hogares.

​El beneficio a las distribuidoras

​El mecanismo de «normalización» permite a las eléctricas saldar sus deudas mediante la compensación de supuestos «activos regulatorios» —ingresos no percibidos por congelamientos tarifarios pasados—. Edenor (vinculada a Manzano, Vila y Filiberti) y Edesur (del grupo Enel) resultan las principales beneficiarias, concentrando junto al Grupo DESA cerca del 69% del monto total perdonado. El oficialismo justifica esta medida como necesaria para sanear el sector y atraer inversiones, aunque la oposición denuncia un doble estándar: «a las empresas todo, a los ciudadanos el ajuste».

​El costo social del invierno

​En la vereda opuesta, el proyecto recorta la ampliación del subsidio de Zona Fría establecida en 2021. Al eliminar el beneficio en zonas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis, el Gobierno expone a millones de personas a incrementos en sus facturas de gas que podrían oscilar entre el 42% y el 100%. Gobernadores como Martín Llaryora ya han calificado la medida como un «golpe durísimo al bolsillo» en la antesala del invierno, cuestionando que se busque el equilibrio fiscal a costa del consumo básico de las familias mientras se perdona a los grandes operadores.

​El proyecto avanza ahora hacia el Senado. Mientras la Casa Rosada insiste en que «no hay plata» para áreas críticas como la universitaria o la sanitaria, el Congreso vuelve a poner sobre la mesa la tensión irresuelta de este 2026: ¿quién paga realmente el costo de la normalización energética en una Argentina donde la erosión del poder adquisitivo no da respiro?

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