El «Libertario» de los negocios públicos: Manuel Quintar y las sombras de su emporio de salud

El diputado nacional por Jujuy, Manuel Quintar, ha pasado de ser una cara visible de La Libertad Avanza a convertirse en el centro de un complejo entramado de denuncias que mezclan el poder legislativo con los negocios privados en salud. La reciente aparición de una Tesla Cybertruck estacionada en las inmediaciones del Congreso no solo rompió la estética de austeridad que pregona su espacio, sino que reavivó el archivo sobre cómo construyó su fortuna a la sombra de contratos con el Estado.

Clínicas privadas y el desembarco en PAMI

Quintar es el propietario de centros asistenciales clave en la provincia de Jujuy, entre los que destacan el Policonsultorio y la reconocida clínica “Los Lapachos”. Sin embargo, la polémica mayor reside en la UGL de PAMI Jujuy. Desde 2024, diversas presentaciones judiciales sostienen que el organismo pasó a estar controlado por personas con vínculos directos con las empresas del diputado.

Esta «colonización» administrativa habría facilitado la derivación sistemática de afiliados hacia la red privada de Quintar, motivando denuncias por asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública. Según actores locales, los jubilados habrían sufrido presiones para atenderse exclusivamente en los centros vinculados al legislador, una maniobra que el propio Quintar tildó de «operación política» mientras amenazaba con acciones legales.

Entre Milagro Sala y la Cybertruck

El pasado político del diputado también es un flanco abierto. Sus críticos no tardaron en reflotar fotos de actos compartidos con Milagro Sala, contrastando su actual perfil de «combatiente contra la casta» con una trayectoria de pragmatismo y cercanía al poder de turno. Las investigaciones que circulan en este 2026 incluyen acusaciones de tráfico de influencias y fraude contra la administración pública en procesos de intervención de obras sociales provinciales.

Mientras los expedientes avanzan lentamente en la justicia, la imagen del legislador moviéndose entre redes públicas y privadas expone un conflicto de intereses que cruje dentro del bloque oficialista. Quintar sostiene que las denuncias son campañas de desprestigio del gobierno provincial, pero la acumulación de datos sobre designaciones de personal afín en organismos estatales complica su relato de transparencia.