Libertarios en jaque: El miedo a las multas personales destrabó la Ley de Discapacidad

En un giro cargado de ironía política, el Gobierno de Javier Milei finalmente reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley 27.793). Sin embargo, no lo hizo por un cambio de sensibilidad ante las protestas que se multiplicaron en todo el país, sino por un motivo mucho más terrenal: el miedo a las multas personales que la Justicia estaba a punto de aplicar a sus funcionarios.

Una reglamentación «con los dientes apretados»

El plazo vencía este 4 de febrero de 2026. Tras meses de resistencia y de haber intentado suspender la ley mediante el Decreto 681/2025 alegando falta de fondos, el Ejecutivo tuvo que retroceder ante el fallo del Juzgado Federal de Campana. El nuevo Decreto 84/2026 lleva la firma del Presidente, pero incluye una frase que resume la postura oficial: se emite «sin reconocer hechos ni derechos» del fallo judicial.

Los puntos clave de la capitulación:

• Multas personales: El juez había fijado el 4 de febrero como fecha límite. De no reglamentar, los funcionarios responsables debían pagar de su propio patrimonio las sanciones económicas.

• Vigencia de la emergencia: La ley rige hasta el 31 de diciembre de 2026 y garantiza el financiamiento de prestaciones básicas, rehabilitación y pensiones.

• Auditorías y control: El Gobierno intentará mantener su impronta de ajuste a través de nuevas evaluaciones socioeconómicas y auditorías que realizará la Secretaría Nacional de Discapacidad.

El fin del relato frente al Derecho

Como se observa en la crónica de TN que acompaña esta nota, la reglamentación llega después de una larga agonía para miles de familias que vieron sus tratamientos interrumpidos. El «interés económico personal» de los funcionarios libertarios terminó siendo el motor que destrabó un derecho que el Congreso ya había sancionado.

La pregunta que queda flotando es:
si no hubiera existido la amenaza de tocarles el bolsillo, ¿cuánto más habrían esperado para cumplir con la ley?