La CGT, la CTA Autónoma (CTA-A) y la CTA de los Trabajadores (CTA-T) solicitaron a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que intervenga ante la inminente aplicación del protocolo de orden público anunciado días atrás por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Las organizaciones aseguran que la medida viola el «Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación» de la OIT, por lo que solicitan al director general, Gilbert Houngbo, que remita la denuncia a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su urgente tratamiento. Para las centrales sindicales el protocolo «muestra que hay una clara y manifiesta decisión de criminalizar la protesta y de sustraerla de su ámbito jurisdiccional que es el socio laboral para trasladarla al fuero penal».
«La nueva reglamentación de la protesta social soslaya claramente derechos y garantías constitucionales básicos así como también las instituciones democráticas de nuestro país», sostuvieron en la presentación firmada por los tres secretarios de Relaciones Internacionales de las centrales obreras: Gerardo Martínez (CGT), Adolfo Aguirre (CTA-A) y Roberto Baradel (CTA-T). De acuerdo con el escrito, la iniciativa del Gobierno demuestra una «clara y manifiesta decisión de criminalizar la protesta» al trasladar las manifestaciones obreras del fuero laboral al penal.
Los sindicalistas advierten que el protocolo se implementa en un contexto de fuerte ajuste de la gestión de Javier Milei que «dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de las y los trabajadores formales e informales, trabajadores de la economía social y solidaria, de cuentapropistas y autónomos, así como también de jubilados y pensionados». En ese sentido, sostienen que las medidas económicas anunciadas, al paralizar la actividad económica y erosionar el poder adquisitivo, forman parte de una «estrategia disciplinadora», en la que se inserta la represión de la protesta anunciada por Bullrich.
importante porque la firmamos las tres centrales sindicales. El protocolo es absolutamente inconstitucional, viola convenios internacionales como el artículo 3 del convenio 87 sobre libertad sindical de la OIT y el artículo 75 inciso 22 de la Constitución nacional pretendiendo criminalizar la protesta social, equiparando el ejercicio de la libertad sindical a través del legítimo derecho de peticionar ante las autoridades y de manifestarnos en defensa de nuestros derechos con el artículo 194 del código penal».
«De cobrar efectividad el protocolo se instauraría un mecanismo represivo que atenta contra los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional, el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), tratados internacionales y Pactos conexos y los comentarios y recomendaciones de los órganos de supervisión de la OIT», alertaron, por lo que solicitaron la intervención del director general de la OIT para «que la presente denuncia se envié con carácter de extrema urgencia a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su tratamiento, a la mayor brevedad».
