Desde hace 16 años, la Defensoría del Pueblo de la Nación se encuentra vacante, lo que genera una falta de legitimación política para defender a quienes ven vulnerados sus derechos por la acción u omisión del Estado nacional.
Ante esta situación, tengo la vocación de postularme como Defensor del Pueblo de la Nación para ponerle voz a las realidades de quienes no pueden defenderse.Mi nombre es Lucas Burgos, tengo 30 años, soy abogado y hace 11 años trabajo en diferentes niveles de la administración pública.
En línea con esta problemática, el Estado Nacional levantó la suspensión de las Pensiones No Contributivas otorgadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras un reclamo iniciado por la Defensoría del Pueblo de Formosa mediante un amparo presentado por la misma, en un accionar ejemplar que merece el reconocimiento necesario.
En este marco, el Gobierno nacional, a través de auditorías arbitrarias y burocráticas, envió cartas documentos a miles de beneficiarios. Sin embargo, muchos no recibieron dichas notificaciones debido a la modificación establecida en el decreto 843/2024.
El mismo establece que “b) Comunicar a la Agencia Nacional de Discapacidad, dentro de los quince (15) días hábiles desde la ocurrencia, las variaciones en la situación de salud, economía o familia, cambio de domicilio y toda otra circunstancia que pueda afectar el derecho a la prestación, siendo responsables por todas las prestaciones indebidamente percibidas por incumplimiento”, esto abre la posibilidad de que la responsabilidad por no notificar cambios de domicilio sea utilizada como motivo para la baja de la Pensión No Contributiva.
Asimismo, esta modalidad genera una grave lesión al derecho de miles de argentinos, ya que dicho derecho atraviesa numerosas etapas administrativas, evaluaciones médicas y socioeconómicas.
Resulta injusto y tramposo establecer un requisito que muchos beneficiarios desconocen, poniendo en riesgo su acceso a la protección social, mientras se los somete a auditorias donde personas que han sido amputados o no pueden trasladarse tienen que asistir.
Por otra parte, el Congreso de la Nación, en un acto de madurez política, sancionó la Ley de Emergencia en Discapacidad, la cual fue vetada por el presidente de la Nación. Sin embargo, el Congreso rechazó dicho veto, por lo que la ley debe ser implementada para garantizar la protección y el cumplimiento de estos derechos. Hasta la fecha, esto no ha ocurrido, lo que constituye una falta grave del gobierno nacional.
Además, la falta de actualización del nomenclador de discapacidad, que no ha sido revisado durante casi todo el año a pesar de la inflación vigente, agrava aún más la situación del colectivo de personas con discapacidad.
Esto evidencia la necesidad imperante de la designación de un Defensor del Pueblo de la Nación, capaz de defender y promover los derechos vulnerados de quienes más lo necesitan, y a su vez darle una mirada federal a esta problemática.
