Fue un pedido de Patricia Bullrich, quien pasará a manejar a través de su excompañero de fórmula la totalidad de las fuerzas del Estado en una etapa de creciente conflictividad social. La vicepresidenta electa, que aspiraba a ocupar ese mismo lugar, perdió influencia en la interna libertaria. La pregunta por el rol que tendrán las Fuerzas Armadas a partir del 10 de diciembre y los coletazos políticos de la decisión.

Con la designación de Luis Petri como futuro ministro de Defensa, Javier Milei finalmente delegó el manejo político de la totalidad de las fuerzas del Estado en manos de Patricia Bullrich.

A diferencia de Mauricio Macri, la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio parece que sí tendrá su “segundo tiempo”, aunque bajo el gobierno del libertario. Ya había sido confirmada la semana pasada al frente de Seguridad, cargo que negoció mano a mano, sin intermediarios, con el presidente electo. Ahora, colocó a un hombre de su riñón, a la sazón su excompañero de fórmula, en un área clave que controlará por extensión y que le permitirá acumular un poder aún mayor al tuvo en su paso anterior por la función pública.

Todo a lo que aspiraba, en suma, Victoria Villarruel, como fiel representante y lugarteniente de los intereses de la familia militar. La decisión, que se venía cocinando en las últimas semanas, desplaza a la vicepresidenta de un rol que ella había reclamado para sí y que el propio Milei le había prometido públicamente en varias entrevistas, y la encorseta —contra su voluntad— a su rol institucional como presidenta del Senado.

Cerca de Bullrich afirmaron que, si bien el desembarco de Petri en Defensa “fue una decisión exclusivamente de Milei”, la excandidata pidió por él durante la reunión cara a cara que tuvo con el presidente electo la semana pasada. La sintonía entre la futura ministra de Seguridad y el presidente electo es total. “Se tienen respeto mutuo. Ella se tragó su orgullo y lo apoyó. Y ahora trabaja para que le vaya bien”, describieron. Para más datos, aseguraron que comparten “una lectura común del momento y de lo que pide la sociedad”, una idea que seguramente traerá cola en una etapa en la que se avizora una creciente conflictividad social y en la que todo indica volverá, recargada, la “doctrina chocobar”.

Villarruel, en recámara

Al menos hasta el balotaje, Villarruel tenía prácticamente asegurado el control tanto de Seguridad como de Defensa, donde tenía planeado designar funcionarios de su círculo más cercano. Para ambas carteras sonaban respectivamente el diputado electo Guillermo Montenegro —hijo de militares— y el coronel retirado del Ejército Jorge Eduardo Lenard Vives, exresponsable de investigaciones de la Aduana durante la gestión de Gómez Centurión. Los dos son integrantes de la fundación que ella preside, Oíd Mortales, que tal como reveló este medio es el nuevo sello de la vieja Fundación Tridentina para los Valores Clásicos, fundada por el teólogo Gustavo Corbi, quien tuvo un cargo en la SIDE durante los primeros meses de la dictadura.

A juzgar por su última decisión, Milei finalmente optó por dejar en un segundo plano esa agenda vinculada al negacionismo —al menos no darle una visibilidad que tuvo en la campaña— y se inclinó por una solución política: incorporar “a la fórmula completa de Juntos por el Cambio” a su gabinete, tal como se comunicó oficialmente desde la “oficina del presidente electo”.

Villarruel, de todos modos, se mostró dispuesta a dar pelea y dio muestras de seguir tallando en la agenda de defensa. Este lunes envió sus “condolencias” a las familias de los andinistas fallecidos en la Cordillera, que estaban perdidos desde el miércoles pasado, y agradeció a las autoridades chilenas, ante las que dijo haber intercedido, “por su colaboración” en la búsqueda. Antes, se había fotografiado en reuniones con la cúpula de la Prefectura y en el Departamento Central de la Policía Federal.

Ante el convulsionado panorama político que deja el resultado de la elección presidencial en el sector público, conversamos con los referentes de ATE en la SRT. En la Superintendencia de Riesgos del Trabajo – organismo clave en el entramado de contención para los trabajadores-, al igual que en el resto de los organismos del Estado Nacional, se viven momentos de tensa expectativa. Las propuestas altisonantes del presidente electo Javier Milei no caen en saco roto. Del otro lado hay un sindicalismo organizado y “dispuesto a dar la pelea que haya que dar para defender los derechos del pueblo trabajador”.

En diálogo con este medio, el secretario general de ATE SRT, Raúl Gómez, quien acaba de renovar su mandato en elecciones internas, refiere que “lo que vienen a plantear es una reducción de la planta del estado cuando en nuestro organismo la situación es absolutamente contraria; no sobran trabajadores, sino que faltan.” El análisis del referente de la agrupación Verde y Blanca en el sector no es antojadizo; solo en el mes de agosto, los trabajadores de la Superintendencia pasaron de atender tres mil casos a cuarenta y cuatro mil.

“Lo que necesitamos es resolver el tema de las categorías, los contratos a tiempo indeterminado, la carrera profesional y la administrativa, una serie de cuestiones que está gestión no hizo. La realidad es que vinieron a levantar las banderas del peronismo y terminaron siendo una continuidad del macrismo”, indicó el dirigente agregando que “nosotros ya tenemos la experiencia del macrismo y nunca dimos el brazo a torcer. El único desmán que hay en el horizonte es el que pretenden llevar adelante con la vida de la gente, con nuestros derechos y con la fuente de trabajo de los y las estatales y de nuestras familias. Conocemos cómo piensan, cómo se mueven y cómo actúan. Los que se van a tener que medir muy bien son ellos.” 

Milei llega al poder con la promesa de un ajuste sobre la clase política para un estado (supuestamente) más eficiente, pero ya ha dado indicios de que el ajuste lo pagarán los mismos de siempre. De hecho, en la Superintendencia “ya refugiaron a casi todos los funcionarios” indica Gómez. “Vienen con el mismo discurso de sanear el estado y la eficiencia y la austeridad pero, igual que durante el gobierno de Mauricio Macri, mientras despedían compañeros y compañeras contrataban gente con sueldos altísimos y creaban gerencias y secretarías para acomodar a sus amigos”. Desde la junta interna que conduce Gómez consideran que la actual gestión, liderada por Enrique Alberto Cossio y Marcelo Domínguez, constituye una continuidad de las políticas de vaciamiento; “de hecho ya están haciendo exactamente lo mismo que hicieron durante el gobierno de Macri. Días antes de las elecciones generales del 22 de octubre, sacaron una resolución interna modificando el organigrama para ocultar y refugiar a su gente.”. El referente de la Verde y Blanca concluye que “estas son actitudes de una dirigencia <anti trabajador> ya que desprestigian el rol de nuestro organismo y del Estado. Tienen a su gente cobrando sueldos millonarios en gerencias fantasmas que no sirven para nada mientras el trabajador y la trabajadora que sostiene el organismo con su sacrificio, muchas veces sin las herramientas adecuadas, en condiciones precarias, además cobra dos monedas”. 

Tras el resultado electoral el mundo del trabajo, y sobre todo el sector estatal, se encuentra a la expectativa. La experiencia del macrismo hizo estragos en el ámbito laboral y dejó marcas profundas en el sector público, pero también construyó una alternativa sindical combativa y dispuesta a defender a sus afiliados; “no vamos a dejar a nadie en el camino. Desde ATE-SRT este jueves 30 de noviembre participaremos de la conferencia de prensa en ATE Nacional y nos declaramos en estado de alerta permanente ya que en la SRT peligran 800 contratos, y vamos hacia una gran unidad para definir los vectores de organización para la etapa que viene.”