A través de un comunicado, el Ejecutivo tildó los ejercicios denominados ‘Cape Bayonet’ como «una injustificada demostración de fuerza» que deliberadamente se aparta de las resoluciones de organismos internacionales que intentan encontrar una solución pacífica a la disputa por la soberanía.
Cafiero ha señalado que la presencia militar británica en las islas se contrapone manifiestamente a la permanente voluntad de la República Argentina de resolver la controversia por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas».
El texto pone de relieve que el jefe del Palacio San Martín «ha remarcado que la alegada condición defensiva de la base militar británica en el Atlántico Sur no sólo es totalmente injustificada sino también representa una amenaza para toda la zona».
Por eso, el comunicado oficial subraya que el Gobierno argentino «reafirma una vez más su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que forman parte integrante del territorio nacional de la República Argentina, los que, estando ilegítimamente ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, son objeto de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas mediante la resolución 2065 y posteriores de la Asamblea General así como de otras organizaciones y foros internacionales».
«Asimismo, de conformidad con las resoluciones mencionadas, el Gobierno argentino reitera que se trata de una controversia de soberanía que debe ser resuelta de manera bilateral entre ambos países, y reafirma su disposición a reanudar las negociaciones», concluye.
Las Malvinas fueron ocupadas por los británicos en 1833 y, pese a que la ONU en 1965 estableció que hay una disputa de soberanía entre ambos países y que se debe negociar una solución pacífica, el Reino Unido accedió a concretar reuniones oficiales en esa dirección solamente entre 1966 y 1982.
Después de la guerra del Atlántico sur, Londres congeló las reuniones bilaterales desoyendo la resolución 37/9 de las Naciones Unidas, que establece que el conflicto no modificaba la naturaleza de la controversia, es decir que se mantenía el pedido de diálogo binacional entre la Argentina y el Reino Unido.
