La vicepresidenta Cristina Kirchner fue sobreseída por «inexistencia de delito» en una casusa abierta por una supuesta irregularidad en la vacunación durante la pandemia de Covid-19. El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, desestimó la acusación contra Cristina que sostenía que había recibido una dosis de Sputnik V alterando el orden del plan de vacunación.
La denuncia fue radicada inicialmente en el Juzgado Federal 5 de Ciudad de Buenos Aires por los dirigentes de Juntos por el Cambio Yamil Darío Santoro, José Luís Patiño y Rodrigo Forlenza, quienes cuestionaron la vacunación de la vicepresidenta en la Unidad de Pronta Atención 2 (UPA 2) del Hospital Juan Domingo Perón, del partido bonaerense de Avellaneda, el 24 de enero de 2021.
Los denunciantes basaban sus sospechas en «información periodística» que aseguraba que la mandataria «podría haber formado parte de un ardid en perjuicio de la Administración y del patrimonio del Estado Nacional, en complicidad con funcionarios nacionales, provinciales y municipales, tendiente a obtener un beneficio sanitario que no le correspondía, al menos en esa instancia».
Según planteó la denuncia, los destinatarios que debían haber recibido el lote de vacunas en el que se incluyó a la vicepresidenta eran un grupo de 30 trabajadores del hospital a quienes se les había cancelado el turno para aplicarse la vacuna –entre el 11 y 22 de enero de 2021– alegando que se habían acabado las dosis. Pero Ramos Padilla descartó este supuesto delito por «la forma en la que se desarrollaron los acontecimientos».
«Resultaría absurdo sostener que una persona que es públicamente conocida y que además exhibe en sus redes sociales el momento de su vacunación llevó a cabo un ardid o engaño o simuló una calidad o categoría particular para obtener acceso a dicha vacuna», sostuvo el juez federal de La Plata, refiriéndose a la publicación del hecho en las redes sociales de la propia vicepresidenta.
«Debe descartarse la existencia de cualquier tipo de ardid, engaño, calidad simulada o fraude a la administración pública en orden a la inoculación denunciada, pues se trató de un acto llevado a cabo de manera pública y se encontraba autorizado por la normativa vigente», destaca la resolución de Ramos Padilla y agrega que por lo tanto «no puede configurarse ningún delito vinculado con malversaciones de bienes públicos».
Además, el magistrado explicó que al momento de los hechos denunciados estaba vigente el «Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19», oficializado a través de la resolución 2883/2020, y en el que se contemplaban las categorías de «Población Objetivo» y «Personal estratégico», que incluía a «funcionarios del Estado». En este sentido, considera que hay «inexistencia del delito», teniendo en cuenta que Cristina Kirchner se hallaba comprendida en esa categoría.
