Tras el caso Solange, autorizan el acompañamiento a enfermos terminales

El Gobierno nacional ordenó que se autorice en todo el país el acompañamiento de pacientes terminales en sus últimos días tanto por coronavirus como por otras afecciones. Esto ocurre luego de las repercusiones del Caso Solange.

En el decreto 714/2020 en el que se prorroga los términos de la cuarentena obligatoria hasta el 20 de septiembre, se señala que «deberá autorizarse el acompañamiento durante la internación, en sus últimos días de vida, de los y las pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 o de cualquier enfermedad o padecimiento». Para ese objetivo, se señala que las normas provinciales deberán aplicar «un estricto protocolo de acompañamiento de pacientes que resguarde la salud del o de la acompañante, que cumpla con las recomendaciones e instrucciones» de las carteras nacionales, provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires. Tras el caso de Solange Musse, la mujer de 35 años que murió en Córdoba por un cáncer de mama sin que su padre, con residencia en Neuquén, pueda estar con ella en los últimos días por las restricciones de circulación impuestas por la provincia mediterránea en el ámbito de las medidas preventivas ante la pandemia del coronavirus desató una fuerte polémica. Hasta el momento, tanto las autoridades porteñas como las bonaerenses elaboraron sus propios protocolos para el acompañamiento de familiares a pacientes terminales. En la resolución bonaerense se aclara que se trata de un protocolo para «aquellas instituciones en las cuales, por su dinámica y capacidad hospitalaria, cuenten con las condiciones necesarias para permitir el ingreso de un acompañante, cumpliendo todos los protocolos preventivo». En tanto, el jueves último, la Legislatura porteña aprobó por unanimidad el «plan de acompañamiento a pacientes en situación de final de vida durante la emergencia sanitaria». Con 58 votos positivos, se aprobó el plan de acompañamiento, que «deberá aplicarse en los efectores públicos de salud de la Ciudad», mientras que el plan no será obligatorio para los establecimientos privados y de la seguridad social.