Los principales dirigentes de los gremios docentes bonaerenses entregaron ayer una carta en la Casa de Gobierno dirigida a la primera mandataria provincial, María Eugenia Vidal, para solicitarle una audiencia. Las entidades denuncian el “desfinanciamiento de la educación pública”, lo cual, aseguran, tiene consecuencias en la “cotidianidad” de las escuelas. En ese contexto, enumeran las problemáticas que consideran centrales, como la infraestructura, falta de cargos docentes, comedores, cierre de cursos y escuelas, entre muchos otros.
Según pudo averiguar este diario, la extensa misiva tendrá respuesta por parte de la Gobernación, aunque seguramente en los próximos días.
Los dirigentes gremiales se quejaron porque al llegar a la Casa de Gobierno no los dejaron pasar y tuvieron que entregar la carta a través de las rejas. La recibió el subsecretario de Coordinación Administrativa, Alejandro Gotari.
“Es una vergüenza que nos impidan entregar una nota en mesa de entradas, como corresponde. En democracia, estas sedes deben estar abiertas para la petición del conjunto de los ciudadanos. Pero una vez más, las autoridades desconocieron a los docentes y sus reclamos. Necesitamos discutir la problemática integral que atañe a la educación pública. Y hoy quedó claro que el diálogo del que habla la gobernadora es sólo una puesta en escena”, dijo el titular del Suteba, Roberto Baradel.
LA CARTA
Tras solicitarle a Vidal “una reunión para abordar una agenda de cuestiones relacionadas a educación pública de calidad”, el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB), integrado por Feb, Suteba, Sadop, Udocba y Amet, recordó a la mandataria que “en diciembre de 2015 nos convocó, con el compromiso de dar continuidad al análisis de la realidad educativa y conocer las propuestas del FUDB. Un gesto político a destacar que, desde esa fecha, no se volvió a reiterar”.
Continúa: “Los estados nacional y provincial tienen asignadas responsabilidades indelegables como garantes de la educación pública, el derecho social a la educación y el resguardo de los derechos de los docentes”.
DESFINANCIAMIENTO
El frente gremial subraya que “este año en la Provincia son aún mayores las restricciones en las políticas públicas y en el financiamiento educativo, siendo cada vez más notorio el proceso de desfinanciamiento de la educación pública, que impacta en la cotidianidad de las escuelas dificultando, en forma conjunta con el deterioro social y económico de las comunidades, el desarrollo integral del ciclo lectivo y los proyectos educativos, la continuidad pedagógica y las trayectorias estudiantiles”.
Dicen que ello se refleja en el presupuesto. “Al analizar el proyecto de presupuesto educativo provincial 2018, encontramos que tiene una nueva reducción en relación a la participación de la DGCYE (Dirección General de Cultura y Educación) en el gasto total. Para recuperarla, se requieren $30.357 millones”, estiman. Asimismo reclaman, junto con el “incremento” del financiamiento educativo provincial, el “aporte nacional”.
“El progresivo crecimiento de la población escolar que se integra en el sistema -uno de los tres más importantes de Latinoamérica por su dimensión- requiere de una inversión creciente y una planificación educativa estratégica de corto y mediano plazo”, expresan.
En otro orden realzan que “las modificaciones que está instrumentando la DGE en la estructura del sistema educativo (…) no fueron abordadas en el marco de paritarias”.
DESCONOCIMIENTO
“El ajuste educativo con una gestión que, en diferentes niveles de responsabilidad, interviene con acciones ineficaces e incluso con desconocimiento de las distintas variables educativas, y una burocratización creciente de la tarea de docentes y directivos, está generando situaciones caóticas en la vida cotidiana de las escuelas públicas bonaerenses”, describen.
“La educación pública de calidad no debe ser sostenida sólo desde el trabajo docente -enfatizan-. Implica responsabilidades del gobierno provincial que, a la fecha, vemos incumplidas y requieren tratamiento urgente en infraestructura escolar, falta de cargos docentes, cierre de cursos y escuelas, traspaso de formación profesional al ministerio de Trabajo, cierre de carreras y brutal disminución de becas en educación superior, escuelas sin conectividad, formación docente, servicio alimentario escolar, sistema de licencias médicas, Ioma, sistema previsional, paritaria salarial”, entre otros puntos.