Tras años de ser los ojos de Argentina en los Estados Unidos, la periodista Silvina Sterin Pensel fue desvinculada de C5N. La noticia no tardó en escalar: lo que se presenta como una «reestructuración» es interpretado por gran parte del arco periodístico como una respuesta a presiones directas de la DAIA y sectores del Gobierno Nacional, debido a sus posturas y análisis críticos respecto al conflicto en Medio Oriente y la política exterior, tildandola de Antisemita o mas bien de antisionista.

Una voz que descifró el poder

Sterin Pensel no es una improvisada; su cobertura de la política en Washington y Nueva York ha sido fundamental para entender la transición hacia la era Trump. Sin embargo, en sus últimas intervenciones, la periodista se adentró en un terreno pantanoso: la vinculación entre el retorno de Donald Trump y la implementación del Acuerdo Isaac (fortalecer la cooperación entre Israel y países de América Latina)

El factor Isaac: Geopolítica de tandem

Según los análisis que venía trazando Sterin Pensel, la estrategia de Trump para América no es un fenómeno aislado de «proteccionismo», sino que juega en tándem con el Acuerdo Isaac. Este pacto representa un eje de cooperación estratégica, militar y tecnológica mucho más profundo de lo que se admite oficialmente, y constituye la verdadera arquitectura del poder que busca consolidar el control sobre recursos y seguridad en el continente.

Defensa de la libertad de expresión

Más allá de las coincidencias o discrepancias con sus análisis, el desplazamiento de una profesional de su talla bajo sospecha de presiones políticas es un golpe a la libertad de prensa. El periodismo internacional requiere de voces que puedan mirar más allá de la superficie y cuestionar los acuerdos que redefinen nuestra soberanía.

Conclusión:

Cuando se silencia a una corresponsal por exponer los hilos invisibles del poder y la tragedia humanitaria en Gaza, la democracia pierde calidad. La libertad de expresión es la única garantía de que la información no se convierta en un guion escrito por el poder de turno. Sin voces como la de Sterin Pensel, nos quedamos a ciegas frente al mundo.

El Gobierno Nacional, a través de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), ha tomado una decisión drástica: la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por 12 meses. La medida, firmada por Iñaki Miguel Arreseygor, desplaza a la administración provincial de Tierra del Fuego alegando «irregularidades financieras» y un deterioro crítico en la infraestructura de los muelles.

Los pilares de la resolución:

• Control Centralizado: La Nación asume la gestión operativa y técnica, argumentando que la provincia solo destinó un 1,3% de sus recursos a obras de mantenimiento, desviando fondos hacia otras arcas estatales.

• Seguridad en duda: El decreto cita sistemas contra incendios obsoletos y fallas estructurales detectadas en inspecciones de 2025 como razones de «fuerza mayor» para la intervención inmediata.

• Continuidad operativa: Pese a la suspensión formal de la habilitación provincial, el puerto seguirá operando bajo control federal para no afectar la temporada récord de cruceros (más de 500 recaladas previstas).

Un vacío de información que genera sospechas:

Lo más llamativo de esta medida no es solo su ejecución sorpresiva —escoltada por Prefectura en la madrugada— sino la escasa comunicación oficial detallada. Más allá de los tecnicismos del Boletín Oficial, el Gobierno Nacional no ha brindado una conferencia aclaratoria ni ha presentado un plan de inversiones concreto para la terminal.

Interrogantes abiertos:

¿Por qué intervenir un puerto que, según la provincia, registra niveles récord de actividad y eficiencia operativa?
¿Cuál es el destino final de la gestión una vez cumplido el año de intervención?
La falta de claridad del Ejecutivo Nacional alimenta un clima de incertidumbre estratégica en la conexión antártica, dejando espacio para interpretaciones sobre si estamos ante una normalización técnica o un avance político sobre un activo clave de la soberanía austral.

El relato del «control» chocó contra la realidad. Tras más de 30 días de crisis, los incendios en Chubut se reactivaron con furia en zonas como El Hoyo, forzando nuevas evacuaciones y exponiendo una verdad incómoda: el fuego nunca estuvo dominado. La gestión, tanto provincial como nacional, ha mostrado una ausencia parcial y espasmódica que dejó al territorio librado a su suerte.

Puntos críticos del abandono:
* Relato vs. Territorio: Mientras los despachos oficiales hablaban de focos contenidos, los brigadistas denunciaban que los puntos calientes seguían activos por falta de personal y recursos técnicos.
* Ajuste en la emergencia: La demora en el envío de aviones hidrantes y el recorte en el mantenimiento de cortafuegos convirtieron una contingencia manejable en un desastre fuera de escala.
* Meteorología como única estrategia: Ante la impotencia operativa, el plan de contingencia estatal parece reducirse a «esperar la lluvia». La seguridad de las familias hoy depende más del azar climático que de una política de manejo del fuego.

Conclusión:
Chubut no sufre un desastre natural imprevisto, sino las consecuencias de un Estado que solo reacciona ante el impacto mediático. El fuego expone las grietas de una gestión que, en su afán de cerrar cuentas, termina dejando que el patrimonio natural y la vida de los pobladores se conviertan en ceniza.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, rompió la inercia del Ejecutivo con un fallo que marca un precedente peligroso para el relato oficial. Dio un plazo de 5 días hábiles para que el Gobierno acredite avances reales en la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793), bajo amenaza de multas diarias a los ministros Manuel Adorni y Sandra Pettovello. El fallo exige plena vigencia para el 4 de febrero, invalidando el Decreto 681/2025 con el que el Presidente pretendió «suspender» una ley que el Congreso ya había ratificado tras rechazar su veto.

Los ejes del conflicto:

La pirueta jurídica: El Gobierno suspendió la aplicación alegando falta de «financiamiento específico», una movida calificada como inconstitucional por ignorar la autoridad legislativa en nombre del equilibrio fiscal.

El sector al límite: Con aranceles congelados y deudas millonarias, prestadores y 6 millones de personas con discapacidad quedaron en el limbo. La Justicia determinó que la apelación oficial no suspende la obligación de pagar y garantizar tratamientos.

Sanciones penales: Si el 4 de febrero no hay ejecución plena, el conflicto saltará de lo administrativo a lo penal por desobediencia judicial.

Conclusión:

Este fallo expone la fragilidad de un modelo que intenta gobernar por decreto sobre materias ya legisladas. Es probable que el Gobierno ensaye una nueva maniobra dilatoria, pero el «déficit cero» acaba de chocar contra el muro de la Constitución. El interrogante es estructural: ¿Puede el Ejecutivo sostener su plan financiero ignorando leyes que el Congreso le impuso por mayoría absoluta?

El Excel de Caputo empieza a sangrar por el lado de la justicia social.

«No hay más tiempo, el sector de discapacidad no puede esperar más. La ley fue votada, el veto fue rechazado y ahora la justicia le da cinco días al gobierno para que demuestre que la está cumpliendo. Necesitamos la reglamentación ya porque los prestadores no cobran y las… pic.twitter.com/YPOihuSTGw

— Infonews (@infonews) January 20, 2026