Investigan a dos fiscales por encubrimiento

La UFI nº 11 de Álvaro Garganta inició una causa en perjuicio de los fiscales María Victoria Huergo y Jorge Paolini. Estos funcionarios judiciales habrían beneficiado a imputados por el delito de estafa cometidos desde el Instituto Cultural

El titular de la UFI nº 11, Álvaro Garganta inició en las últimas horas una causa en la que investiga si dos fiscales platenses, Jorge Paolini y María Victoria Huergo, direccionaron en forma irregular un proceso judicial que tuvo en la mira a funcionarios del gobierno de Daniel Scioli.

Garganta, en diálogo con Hoy, explicó que los integrantes de la fiscalía de Delitos Complejos, Huergo y Paolini, fueron notificados de que serán investigados por una denuncia de encubrimiento.

Es que en el juicio oral realizado jornadas atrás, en el que se condenó a prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a tres exfuncionarios del Instituto Cultural, tras comprobarse que se apoderaban de dinero destinado al pago de sueldos del personal, uno de los imputados se quebró y en su relato quedó evidenciado que los fiscales Huergo y Paolini investigaron de manera “sospechosa”.

Desde la UFI 11 adelantaron que por esa razón se inició una nueva causa, esta vez por encubrimiento, que tiene como imputados a los dos magistrados de la fiscalía de Delitos Complejos.

En la audiencia por estafa en el Instituto Cultural quedó comprobado que el encargado de la oficina de Controlador de Sala y Escenario, Walter Hugo Barragán, en connivencia con el asesor del presidente del Instituto, Guillermo Daniel Zo, al momento de confeccionar las planillas para la liquidación de haberes del personal de Sala y Escenario incluían indebidamente a personas que no habían prestado esa actividad.

Según fue acreditado por el Juzgado Correccional Nº2, tanto Barragán como Zo actuaban en complicidad con un tercer imputado, Jorge Luis Ledesma, coordinador administrativo de Tesorería, quienes cobraban dinero destinado al pago de los sueldos del personal del Instituto, sumas que mensualmente eran depositadas en cuentas fiscales del Banco Provincia de Buenos Aires, casa matriz.

“La plata iba para arriba”

La modalidad consistía en que, una vez confeccionadas las planillas, eran remitidas a la Oficina de Liquidación de Haberes para realizar la correspondiente liquidación en el sistema informático del Instituto Cultural, y luego eran nuevamente remitidas a la oficina Sala y Escenario para un nuevo control de los imputados. De esta manera, los tres acusados daban el visto bueno para la impresión de los cheques en favor de cada beneficiario, los cuales debían ser abonados en el Banco de la Provincia.

Una vez impresos los cheques, estos eran remitidos junto a los listados de control de recibos-cheque a la oficina de Contralor de Sala y Escenario. Allí, Barragán confeccionaba una nota dirigida a las autoridades del Banco Provincia por la que autorizaba con su firma y sello a otro de los imputados a cobrar el lote de sueldos correspondientes a las personas indebidamente incluidas en el listado, a quienes se les había liquidado el sueldo como consecuencia de la información falsa remitida al área de liquidaciones por el propio encargado de la oficina de Contralor de Sala y Escenario.

Al ventilarse el juicio quedó claro que el dinero mal habido “iba para arriba”, es decir, era repartido con las autoridades del Instituto Cultural, entre ellos su expresidente Patricio D’Amico.