ECONOMÍA
Kicillof presentó el Presupuesto 2027, su último año de gestión, y pide poder endeudarse en 1.000 millones de dólares
El proyecto, de 58,6 billones de pesos, no prevé aumentos reales en los impuestos patrimoniales y destina la mayor parte del financiamiento a pagar vencimientos con bonistas y a un fondo de obras para los municipios.
El gobierno de Axel Kicillof presentó el Presupuesto 2027 bonaerense, el último de su actual gestión, con un gasto total proyectado de 58,6 billones de pesos y un pedido expreso a la Legislatura: autorización para tomar deuda por hasta 1.000 millones de dólares adicionales, que se suman a los 3.000 millones ya autorizados este año.
De aprobarse, la Provincia podría endeudarse por hasta 2.000 millones de dólares en un año electoral. Según el proyecto, unos 900 millones de ese financiamiento se destinarían a cancelar vencimientos con bonistas durante 2027, mientras que el resto iría a un fondo de seguridad y obras para los municipios bonaerenses. La propuesta de Ley Impositiva que acompaña al presupuesto no prevé aumentos reales en los impuestos patrimoniales —inmuebles y automotores— ni en Ingresos Brutos o Sellos.
Las prioridades del Presupuesto 2027 bonaerense
Entre las partidas más relevantes, el proyecto destina 4,05 billones de pesos a inversión de capital a través del Plan de Obra Provincial, 2,32 billones a protección social —incluido el Servicio Alimentario Escolar, que llega a 2,6 millones de chicos—, 2,26 billones a salud, 1,98 billones a seguridad y servicio penitenciario, y 1,93 billones a educación.
El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, volvió a apuntar contra la administración de Javier Milei al justificar la necesidad de financiamiento extra: «El Gobierno nacional recortó de manera ilegal fondos que a octubre alcanzan 20 billones de pesos», sostuvo. De la presentación, además, participaron la vicegobernadora Verónica Magario y el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera.
El proyecto necesita una mayoría de dos tercios en la Legislatura para aprobarse, lo que obliga al oficialismo a negociar con una oposición que, entre otros puntos, reclama la designación de las vacantes pendientes en la Suprema Corte provincial como condición para destrabar el acuerdo.