El Gobierno no logra el dictamen del Presupuesto 2027 en Diputados por la resistencia de sus propios aliados

Las negociaciones por el Presupuesto 2027 en Diputados volvieron a trabarse este fin de semana. El oficialismo debió levantar la reunión de comisión en la que esperaba conseguir el dictamen de mayoría, y las tratativas quedaron en un punto muerto: los bloques aliados —el PRO, la UCR y representantes de varias provincias— advirtieron que todavía no recibieron respuestas del Gobierno a sus principales reclamos. Ninguno cuestiona la aprobación en general del proyecto, pero las diferencias se concentran en varios artículos puntuales. «Está todo muy verde», resumió un diputado del PRO consultado sobre el estado de la negociación.

Los puntos que traban el Presupuesto 2027 en Diputados

El reclamo más sensible es el de discapacidad: los aliados observan los artículos que, según advierten organizaciones del sector, habilitarían un fuerte ajuste en las partidas del área, pese a que el Congreso aprobó este año una nueva ley de Discapacidad con amplio consenso. «Como mucho se caerán algunos artículos, como los de Discapacidad», admitió un legislador radical. También pesa el reclamo de los gobernadores del norte, que exigen que la compensación por zona cálida —prometida tras el recorte de subsidios al gas en las zonas frías— se establezca por ley y no por una simple resolución, que puede modificarse en cualquier momento: «Es lo que el Gobierno se había comprometido a dar», señalaron desde ese sector.

Un tercer frente es el impuesto a los combustibles líquidos, que aliados y parte de la oposición piden reducir, al sostener que el Ejecutivo usa lo recaudado para sostener el superávit fiscal en lugar de destinarlo al mantenimiento de las rutas nacionales, como establece la ley. «Es mucha plata, no creo que aflojen con ese punto», anticiparon desde el radicalismo. El financiamiento universitario suma otra tensión: el proyecto asigna algo más de 7 billones de pesos, mientras los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional reclaman un mínimo de 11 billones. La UCR está dividida entre el sector alineado con los gobernadores, que prioriza a las universidades de sus distritos, y el equipo de Martín Lousteau, con un reclamo más general.

El PRO, por su parte, pide que se regularicen las deudas de la Nación con la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación y una baja del IVA al huevo y sus derivados, con impacto directo en Entre Ríos. Córdoba encabeza, además, el pedido de precisiones sobre los fondos para compensar los déficits de las cajas previsionales no transferidas a la ANSES, y los aliados en bloque rechazan derogar la movilidad automática de la AUH y el salario familiar, que el Gobierno busca desindexar como parte de su estrategia contra la inflación.

Con todo esto sin resolver, el oficialismo mantiene como fecha tentativa el 25 de noviembre para lograr la media sanción, en medio de una agenda cargada por las elecciones legislativas de Estados Unidos y la visita del papa León XIV a la Argentina.