La Provincia denunció penalmente a Milei y Caputo por la obra cloacal frenada que afecta a La Plata, Berisso y Ensenada

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció penalmente al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo y a otros funcionarios nacionales por el freno a la obra cloacal del Gran La Plata, un proyecto que beneficiaría a más de un millón de vecinos de La Plata, Berisso y Ensenada. Se trata de una planta de tratamiento primario avanzado de líquidos cloacales que se construiría en Berisso, dentro del predio de la instalación existente, junto con un conducto emisario subterráneo, un emisario subfluvial, un difusor, una estación de bombeo y una cámara de carga, con disposición final de los efluentes en el Río de la Plata.

La obra está trabada porque la Provincia necesita un crédito internacional de US$270 millones, que requiere el aval del Estado nacional para poder tomarse. Según consta en la causa, el Ministerio de Economía comunicó en julio de este año, ante el Juzgado Federal N°4 de La Plata, que no otorgaría ese aval, con el argumento de que la Provincia debía recurrir a fuentes propias de financiamiento. Desde el Gobierno bonaerense cuestionaron esa negativa y señalaron que otras jurisdicciones del país sí habían conseguido la autorización nacional para créditos internacionales similares.

Los números detrás de la denuncia por la obra cloacal del Gran La Plata

La presentación penal no apunta únicamente a la negativa del aval, que por sí sola no constituye la conducta denunciada, sino al presunto uso que se le dio a los fondos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que debería financiar este tipo de obras. Según el escrito, entre enero de 2024 y mayo de 2026 ese fondo recaudó $375.422 millones, pero solo $115.990 millones se destinaron efectivamente a obras: una diferencia de $259.431 millones que, de acuerdo con la denuncia, habría quedado colocada en instrumentos financieros del Tesoro nacional en lugar de aplicarse a infraestructura hídrica. La Provincia pidió que se investigue el destino de ese dinero y que se preserven documentos, movimientos bancarios e instrucciones de inversión vinculados al fondo. La causa aclara expresamente que la denuncia no prueba por sí misma la comisión de ningún delito, algo que deberá determinar la Justicia.

Mientras el conflicto judicial avanza, la obra sigue sin una fecha de inicio definida. La planta forma parte de un plan de saneamiento más amplio para el Gran La Plata, en una región que todavía vuelca una porción relevante de sus efluentes sin el tratamiento adecuado antes de llegar al río.