El Gobierno corteja a los gobernadores aliados por el Presupuesto 2027 y deja afuera a la Provincia de Kicillof

El Gobierno nacional desplegó en las últimas horas una ofensiva de gestos hacia los gobernadores aliados por el Presupuesto 2027, con una agenda de anuncios e inauguraciones de proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que busca asegurar los votos necesarios para la Reforma Política y la ley de leyes del año próximo. Según trascendió, la Casa Rosada ya delineó visitas a Salta, Catamarca, San Juan, Río Negro, Neuquén, Jujuy, Mendoza, La Pampa y Santa Fe, todas provincias con mandatarios que vienen acompañando al oficialismo en el Congreso.

El operativo, sin embargo, tiene una excepción explícita: la Provincia de Buenos Aires. «A excepción de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, Milei mantiene una relación fluida con los jefes provinciales», reconocen fuentes oficiales sobre la estrategia del Gobierno, que reserva los anuncios de infraestructura y los guiños fiscales para los distritos que garanticen el acompañamiento legislativo. En el entorno del gobernador salteño Gustavo Sáenz, una de las piezas clave de ese esquema, trascendió que todavía no hay precisiones sobre cuándo se formalizará el apoyo: «Creo que lo van a decidir más cerca del llamado», deslizó una fuente cercana.

Gobernadores aliados por el Presupuesto 2027, mientras la Provincia reclama fondos

La diferencia de trato llega en un momento en que el Gobierno bonaerense redobla las críticas por el ajuste nacional sobre los recursos provinciales. Un día antes de conocerse el operativo hacia los gobernadores aliados por el Presupuesto 2027, el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, había defendido el ritmo de obra pública bonaerense pese al recorte de fondos: «Si no podemos hacer más obra pública, no es porque es una decisión política, es por un tema de escasez de recursos», sostuvo, y agregó: «Me animo a decir que más obra pública que en todo el país hay en nuestra provincia».

Bianco detalló que la gestión de Kicillof lanzó este año 87 licitaciones por más de $270.000 millones, en paralelo a un reclamo judicial por unos $19 billones que la Provincia dice que le adeuda la Nación, y a una estimación propia de $28,4 billones de desfinanciamiento total producto de los recortes de fondos nacionales a más de mil obras que contaban con financiamiento del Estado central. Para la administración bonaerense, ese combo de ajuste y relación distante con la Casa Rosada contrasta con el trato preferencial que reciben los gobernadores dispuestos a acompañar al oficialismo en el Congreso.

El resultado de la negociación con los mandatarios aliados definirá en las próximas semanas si el Gobierno logra el respaldo legislativo que necesita tanto para la Reforma Política como para el Presupuesto 2027, en un escenario donde la provincia más poblada del país sigue siendo, según el propio oficialismo, la pieza que falta en el tablero.