POLÍTICA
El Gobierno tensó al máximo la relación con la CGT y los sindicatos empiezan a hablar de acelerar el paro general
La salida de la subsecretaria de Trabajo Claudia Testa y una apelación de Pettovello ante la Corte contra el gremio de Barrionuevo encendieron la alarma sindical, que ya habla de un paro general para después de la visita papal.
Dos decisiones tomadas en los últimos días por el Gobierno nacional llevaron al máximo la tensión entre el Gobierno y la CGT, al punto de que en la central obrera ya se habla de adelantar los tiempos de un paro general que hasta hace poco se proyectaba recién para la segunda quincena de noviembre, después de la visita papal.
La primera medida fue la salida de Claudia Testa de la Subsecretaría de Trabajo. La funcionaria presentó lo que describió como una «renuncia indeclinable» por «motivos personales», aunque en el mundo sindical se leyó como un desplazamiento decidido por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Testa era, para buena parte de los gremios, una de las pocas interlocutoras del Ejecutivo que conocía en profundidad la problemática laboral de cada sector.
La tensión entre el Gobierno y la CGT escala hasta la Corte Suprema
La segunda decisión, de mayor peso institucional, fue la presentación de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para impedir la certificación de las nuevas autoridades de la UTHGRA, el gremio de los gastronómicos que conduce Luis Barrionuevo, surgidas de las elecciones de diciembre pasado. Un directivo de la CGT no ocultó su malestar: «Es muy preocupante que recurra a la Corte porque es una injerencia total del Poder Ejecutivo contra un gremio nacional», advirtió.
Desde el entorno libertario, en cambio, el diagnóstico es otro. Una fuente de ese espacio relativizó el enojo sindical: «No se tienen que sentir amenazados… los sindicalistas piensan que son los dueños de la Secretaría de Trabajo», sostuvo, en un comentario que grafica la distancia cada vez mayor entre la Casa Rosada y el movimiento obrero organizado.
En la CGT interpretan ambas medidas como «señales de hostilidad» del Gobierno hacia el sindicalismo, en un momento en que los nuevos funcionarios del área laboral —Mariano Sartoris y Ramiro Cherñetz, de perfil empresarial y reformista— todavía no lograron generar confianza entre los gremios. La combinación de pérdida de interlocución y avance judicial contra una conducción sindical electa es, para los dirigentes cegetistas, el disparador que podría adelantar la convocatoria a un paro general antes de lo previsto.