POLÍTICA
La Justicia rechazó la apelación de Milei y lo intimó de nuevo a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario
El juez Martín Cormick había dado cinco días al Gobierno para regularizar los aumentos a las universidades; tras la apelación oficial, la Justicia reiteró la exigencia y detectó solo un «cumplimiento parcial».
La Justicia volvió a intimar al Gobierno de Javier Milei a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, después de rechazar la apelación que había presentado la gestión libertaria contra una cautelar que ya lo obligaba a hacerlo. El fallo profundiza un conflicto que enfrenta al Poder Ejecutivo con el sistema universitario público desde la sanción de la norma.
El antecedente es de la semana pasada: el juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick le había dado un plazo de cinco días al Ejecutivo nacional para cumplir con la ley, que exige actualizar salarios docentes y no docentes según determinadas variables. El Gobierno optó por apelar esa decisión en lugar de acatarla.
Qué encontró la Justicia sobre la Ley de Financiamiento Universitario
Al analizar la apelación, el magistrado sostuvo que hubo un «cumplimiento parcial» de la norma, ya que efectivamente existieron reuniones paritarias y aumentos salariales. Sin embargo, no logró verificar que el cálculo de la recomposición «haya sido efectuado del modo estipulado por la norma ponderando las variables de ajuste», por lo que ratificó la intimación original.
Según datos gremiales citados en el expediente, para dar cumplimiento efectivo a la ley el Gobierno debería otorgar incrementos salariales del 33,4% a los trabajadores universitarios, una cifra que la gestión de Milei no convalida en sus propias proyecciones presupuestarias.
El fallo se suma a una serie de medidas judiciales que, en los últimos meses, fueron marcando los límites a los que puede llegar el ajuste en el sistema universitario sin violar la ley vigente. Mientras el oficialismo insiste en que el esquema de actualización salarial responde a su plan de desregulación económica, universidades y gremios docentes sostienen que la única vía para resolver el conflicto de fondo es que el Congreso avance con un financiamiento genuino y sostenido en el tiempo.