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Paro docente de 72 horas en la UNLP por la Ley de Financiamiento Universitario

La medida de fuerza afectará las clases en la Universidad Nacional de La Plata desde el miércoles, en la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para el 15 de octubre.

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Los docentes universitarios realizarán un paro docente en la UNLP de 72 horas a partir del próximo miércoles 30 de septiembre, en una medida de fuerza que afectará el dictado de clases en la Universidad Nacional de La Plata durante tres jornadas consecutivas. La protesta fue definida por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y se coordinará también con la CONADU Histórica.

El reclamo central de los gremios está puesto en la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y en la recomposición de los salarios docentes, que según los sindicatos todavía acumulan un atraso cercano al 30%. El conflicto se profundizó después de que el Gobierno nacional ofreciera, en la última negociación paritaria, un incremento del 3% que los gremios docentes rechazaron por considerarlo insuficiente.

Qué pide el gremio que convocó el paro docente en la UNLP

Desde la CONADU precisaron que la medida se suspendería únicamente si el Gobierno nacional cumple, antes del martes 29 de septiembre, con la recomposición salarial del 33,4% que contempla la normativa vigente. La decisión de convocar al paro fue tomada durante un plenario realizado el viernes pasado, en simultáneo con la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre.

El conflicto por el financiamiento universitario tiene, además, un capítulo judicial en desarrollo. El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, había dictado en diciembre de 2025 una medida cautelar —hoy firme— que ordena aplicar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la recomposición de salarios docentes y no docentes y a la actualización de los programas de becas estudiantiles. Cormick intimó recientemente al Poder Ejecutivo a cumplir con esa cautelar en un plazo de cinco días, al sostener que «no existe cumplimiento total» de lo ordenado, y advirtió sobre la posibilidad de aplicar multas por cada día de demora.

En paralelo, el Gobierno nacional confirmó que apelará esa resolución judicial ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Desde el Ejecutivo sostienen que ya cumplieron con lo dispuesto por la Justicia y que esa posición fue acreditada en el expediente, argumento que será central en la apelación.

Mientras tanto, en La Plata, sede de una de las universidades públicas más grandes del país, la comunidad universitaria se prepara para tres días sin actividad académica, en un clima de tensión que combina el reclamo salarial con la disputa de fondo por el financiamiento del sistema universitario nacional.

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