POLÍTICA
El megaoperativo «Tormenta Negra» de Jorge Macri en 15 villas porteñas generó preocupación en la Iglesia
Curas villeros cuestionaron el despliegue de 1.500 policías en asentamientos de la Ciudad, ocurrido dos días después de una misa por la trata de personas y la exclusión social; el Gobierno porteño lo justificó como parte del «ordenamiento del espacio público».
El operativo policial bautizado «Tormenta Negra», desplegado en la noche del jueves de forma simultánea en 15 villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires, generó preocupación en sectores de la Iglesia porteña. Según trascendió, el megaoperativo Tormenta Negra incluyó el envío de 1.500 policías a los barrios populares, con 17 detenciones, secuestro de vehículos y la clausura de locales y confiscación de mercadería que, en muchos casos, constituyen la fuente de trabajo de los vecinos.
El gobierno de Jorge Macri fundamentó el despliegue señalando que el objetivo fue «reforzar la seguridad y seguir trabajando en el ordenamiento del espacio público». El operativo alcanzó a las villas 31, 21-24, Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Mitre, 15 (Ciudad Oculta), 20 (Villa Lugano), INTA, Bermejo, Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima.
Las dudas de los curas villeros sobre el megaoperativo Tormenta Negra
En sectores eclesiásticos llamó la atención que el operativo se haya realizado dos días después de que los sacerdotes de villas y barrios populares oficiaran una misa en la Plaza Constitución en solidaridad con las víctimas de la trata de personas y otras formas de exclusión. La celebración estuvo a cargo de monseñor Pedro Cannavó, obispo auxiliar de Buenos Aires, quien llamó a «acompañar hasta que el otro se ponga de pie».
En esa misa se leyó un pronunciamiento de los curas villeros porteños que expresó su preocupación por las necesidades que se viven en los asentamientos informales. «Nuestros vecinos quieren respetar la ley y están de acuerdo con el orden. Pero el Estado debe hacerse cargo de la realidad que vivimos históricamente. Muchas de nuestras villas no tienen ley de integración sociourbana», sostuvieron, y enumeraron problemáticas de fondo como «el endeudamiento familiar, la precarización laboral, la falta de empleo» y viviendas precarias.
El texto de los sacerdotes concluyó con un pedido de diálogo antes que de despliegue policial: «Tendiendo a mejorar la ley y el orden, debiera haber una mejor comunicación con los vecinos». Y remarcaron que en muchos de esos barrios hay «deudas de obras públicas, de construcción de viviendas, de mejoras de tendido eléctrico, de cloacas y pluviales» que, según su planteo, el Estado porteño todavía no saldó.