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Caso Chocolate: la Justicia citó a diez exsenadores bonaerenses y denunció a Diputados por encubrir a los «ñoquis»
El juez Guillermo Atencio pidió investigar si la Cámara de Diputados bonaerense cometió un delito al archivar expedientes clave sobre empleados fantasma del Senado provincial.
La causa por los empleados fantasma del Senado bonaerense, conocida como el caso Chocolate Rigau, sumó dos capítulos claves esta semana: la Justicia citó a diez exsenadores provinciales para declarar como testigos y el juez Guillermo Federico Atencio denunció a las autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense por presunto encubrimiento, luego de que archivara expedientes administrativos que la Justicia había requerido.
Según reconstruyó LA NACION, el fiscal Juan Menucci busca determinar quiénes designaron a los titulares de 39 tarjetas de débito sospechadas de haber sido utilizadas para extraer sueldos de empleados legislativos que nunca habrían cumplido funciones reales en el Senado de la provincia de Buenos Aires, con sede en La Plata. Los diez citados deberán presentarse entre el lunes 29 de septiembre y el miércoles 1° de octubre: Yamila Alonso, Nadia Moirano y Érica Revilla el primer día; Agustín Máspoli, Elisa Carca y Marcelo Daletto el segundo; y Joaquín de la Torre, Owen Fernández Farguharson, María Lorena Mandagara y David Hirtz el tercero.
De qué se trata el caso Chocolate Rigau
El caso Chocolate Rigau se destapó en 2024, cuando una investigación periodística detectó que dos empleados del Senado bonaerense, Hugo Santiago Muguerza y María Josefina Ortellado, operaban tarjetas en cajeros del Banco Provincia en horarios similares a los del histórico operador de la maniobra de los «ñoquis» legislativos, Marcelo «Chocolate» Rigau, vinculado en su momento al Frente Renovador. El hallazgo reveló un segundo circuito de tarjetas fraudulentas, esta vez asociado a exlegisladores de la UCR y el PRO.
El juez Atencio ordenó ahora que se investigue si el archivo de los expedientes por parte de la Cámara de Diputados bonaerense configuró un delito de acción pública, al considerar que esa decisión administrativa ocultó información sobre los responsables políticos de las designaciones fraudulentas. La causa, que había quedado en un compás de espera, vuelve así a instalarse en la agenda judicial platense justo cuando la Legislatura bonaerense discute el Presupuesto 2027, en momentos en que la transparencia en el manejo de los fondos públicos vuelve a estar bajo la lupa.